El abogado penalista Julio Rodríguez Delgado calificó como un “discurso absolutamente político sin ningún tipo de contenido jurídico” la denominación de “leyes procrimen” que algunos sectores han dado a un conjunto de normas que aparentemente beneficiarían a la criminalidad. En diálogo con Ampliación de Noticias, el especialista sostuvo que varias de esas disposiciones buscan adecuar la legislación peruana a estándares internacionales de derechos humanos, por lo que tildarlas de procrimen resulta absurdo.
“Para mí es un discurso absolutamente político sin ningún tipo de contenido jurídico el llamar a estas leyes procrimen. Porque si entendemos que muchas de estas leyes lo que están haciendo es ajustar nuestras normas a estándares internacionales de respeto de derechos humanos, ¿eso nos convierte en que se están dando leyes pro-crimen? Eso es absurdo”, indicó.
En ese contexto, Rodríguez Delgado se refirió a la Ley 31989, a la que calificó como una norma “prominería ilegal”. También abordó la ley 31751, sobre la prescripción de delitos, la cual, explicó, es un derecho reconocido desde hace más de un siglo que evita que los ciudadanos sean sometidos a investigaciones indefinidas. “La prescripción ha sido declarada un derecho humano, y no hace 10 años, no hace 20, hace más de 150. El famoso statute of limitations es el límite que tiene que tener el Estado para perseguir el delito. El monstruo estatal persigue al ciudadano, no lo puedo dejar al ciudadano a merced de una persecución indefinida de tiempo”, apuntó.
Para el penalista, la discursiva política en torno a estas leyes “carece de contenido de fondo”, pues ajustar las normas a derechos fundamentales no convierte al país en un espacio donde se promueva la criminalidad.
El abogado también se refirió a la ley 32108, señalando que su modificación corrigió una definición que consideró excesivamente amplia del delito de organización criminal. “Cuando se le imputó al expresidente [Pedro Pablo] Kuczynski para tratar de involucrarlo en organización criminal, colocaron a él, a su chofer y a su secretaria. Tres, listo, organización criminal. Esto era burdo. Había un abuso porque la tipificación era demasiado laxa [y] extensa. Organización criminal existe en el mundo, claro que existen, pero no son todas las organizaciones calificadas como criminales. Hay requisitos, y la norma lo que ha hecho es establecer requisitos puntuales”, anotó.
Rodríguez afirmó que esta reforma respondió a la necesidad de poner límites a una Fiscalía que, a su juicio, se encuentra politizada. “Lo que estaba detrás era una necesidad de limitar la persecución de la Fiscalía. Tristemente una Fiscalía que no tengo dudas el día de hoy, a partir de información que se ha revelado el día de ayer, que hay una Fiscalía terriblemente politizada”, acotó.
En cuanto a la ley 31989, que flexibiliza el control sobre el uso de explosivos y fue respaldada por el candidato Roberto Sánchez, el letrado se mostró en desacuerdo y la calificó como “prominería ilegal”. “Más allá de ser calificada como procrimen o no, es una ley que favorece a un grupo que está explotando ilegalmente y dentro de ello han filtrado facultades que no le corresponden. […] [La calificaría de] prominería ilegal, que es más técnico, y le han limitado las facultades a la Policía también para intervenir a los que tienen Reinfo, cuando los que están en el Reinfo, algunos sí evidentemente buscan ser formales y otros se colocan en la lista para mantenerse ad infinitum en esa lista y nunca llegar a ser formales para poder tener beneficios indebidos”, dijo.
“Si le diésemos una denominación coloquial, yo le diría esta es una ley pro-financiamiento de Juntos por el Perú, porque el REINFO aparentemente y todos los involucrados allí, han financiado el partido político de Sánchez”, indicó Julio Rodríguez. El congresista señaló que el fin de dicha norma sería el financiamiento de organizaciones políticas y puntualmente mencionó a Juntos por el Perú.
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