El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, denunció que más de 2,000 bodegas han cerrado en el país porque sus dueños fueron víctimas de extorsiones. Además, aseguró que no han recibido el apoyo adecuado de las autoridades para enfrentar estas amenazas.

En diálogo con RPP, Choy criticó la respuesta de las instituciones y describió lo que calificó como un “peloteo” entre la Policía y el Ministerio Público: “El policía dice que no tiene las pruebas respectivas, las amenazas no son delito. Te dicen que vuelvas después. Varios otros han visto eso. Cuando llega, el tema es el fiscal. El fiscal dice: ‘No, pero es leve, acá no hay nada, solamente es un intento de susto’”.

Como ejemplo de esa desprotección, el dirigente compartió el caso de una socia: un individuo arrojó una piedra contra su tienda después de que ella se negara a pagar un cupo. El agresor fue intervenido, pero recuperó su libertad. “La piedra fue el proceso final de una serie de amenazas que venía teniendo. La señora pidió garantías contra su vida y no le dijeron nada. En muchos casos a veces vas a la comisaría y en la comisaría no te toman la denuncia”, afirmó.

Choy también reveló que representantes del Ministerio de Justicia visitaron la asociación, y en esa conversación quedó en evidencia la carencia de medidas de protección para las víctimas. “La víctima no tiene defensor de oficio. Entonces, acá la ley es proteger al delincuente y yo como víctima no tengo eso. Por ejemplo, la socia que te comenté hace un rato que tenía, pidió garantías. A veces tú presentas una denuncia y ¿qué es lo que pasa? En unos casos, a nuestros socios le han dicho, ¿y qué fue de mi denuncia? Ya prescribió. ¿Cómo prescribió una denuncia? Lamentablemente, nos encontramos indefensos”, precisó.

(Foto: USI)

El dirigente subrayó que los bodegueros enfrentan un sistema que no les brinda respaldo: desde la falta de toma de denuncias en las comisarías hasta la prescripción de los casos, pasando por la ausencia de garantías para quienes piden protección. La situación, advirtió, deja a los pequeños comerciantes en total indefensión frente a las organizaciones criminales que exigen cupos.

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