La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, designaron a Juan Falconí Gálvez, actual viceministro de Justicia, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. El nombramiento, publicado este martes por la mañana en el diario oficial El Peruano según reportó Latina Noticias, choca de manera directa con la norma que regula esa institución.
El Decreto Legislativo 018-2019, que reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creó la Procuraduría General, establece que los viceministros tienen vedado integrar el Consejo Directivo mientras ejerzan función pública. La exclusión es explícita y se mantiene incluso hasta doce meses después de dejar el cargo. Falconí ocupa el puesto de viceministro en la actualidad, por lo que la ley lo inhabilita sin ambigüedades.
El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado cumple una función clave: dirige el proceso de selección de los procuradores que defienden los intereses del Estado en todas las instituciones públicas. Por eso, se trata de un órgano que requiere independencia frente al poder político. La norma busca justamente impedir que un cargo de confianza del Gobierno, como el de viceministro, influya en esas decisiones.
La designación de Juan Falconí en la Procuraduría General ha generado cuestionamientos que se remontan a su propio historial. El abogado Yván Montoya, consultado por Latina Noticias, consideró que la situación "amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, está impedido de hacerlo". Montoya precisó que la prohibición responde a que el cargo de viceministro es político, mientras que la Procuraduría General necesita mayor independencia frente al Gobierno de turno.
Falconí ya había ocupado la viceministería de Justicia en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y fue nombrado nuevamente el 4 de agosto pasado. En aquella primera gestión presidió la Comisión de Gracias Presidenciales, que en diciembre de 2017 otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, padre de la mandataria Keiko Fujimori. Ese beneficio no tuvo un final tranquilo: el 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria lo declaró inaplicable y ordenó la ubicación y captura inmediata del expresidente.
Ahora, el mismo funcionario que encabezó aquella comisión vuelve a un puesto sensible, esta vez en un organismo que por ley le está vedado. Hasta el momento no hay una explicación oficial: Latina Noticias consultó al Ministerio de Justicia sobre los motivos de la designación, pero no obtuvo respuesta.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta