La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que la ropa usada que ingresa ilegalmente al Perú no es solo un problema de comercio informal: está vinculada a documentos falsos, trámites irregulares para simular legalidad, corrupción y contaminación ambiental. Un estudio del gremio reconstruyó por primera vez el funcionamiento de esta cadena ilegal, que termina en los mercados de Lima y otras ciudades del país, mientras genera pérdidas para la industria textil y nuevos focos de criminalidad.
¿Por qué Chile es el punto de partida? Es el único país de Sudamérica que permite la importación comercial de ropa usada. La mayor parte de estas prendas proviene del Norte Global: Estados Unidos, Canadá, países europeos y Corea. Entre 2021 y 2023, Chile importó en promedio más de 136 mil toneladas al año y cuenta con más de 50 importadores mayoristas en la Zona Franca de Iquique (Zofri). Allí, la ropa es clasificada y empaquetada en fardos para su venta mayorista: una parte se comercializa en Chile y otro importante contingente continúa hacia las fronteras con Perú y Bolivia.
La investigación identificó dos rutas principales de ingreso al Perú. Una parte de la mercancía sale de Chile y llega directamente a Tacna; la otra pasa primero por Bolivia y entra al territorio peruano por la zona de Desaguadero y Puno.
El recorrido también deja un rastro de desechos. En la ruta hacia el centro y sur del Perú, los investigadores detectaron al menos 16 momentos en los que la ropa es separada y descartada, lo que genera puntos de acumulación de residuos a lo largo del trayecto.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que el impacto no es solo económico. La investigación identifica distintos puntos de la cadena en los que aparecen riesgos asociados a corrupción de funcionarios, extorsión, cobro de cupos, trata de personas y explotación laboral, además del uso de seguridad armada ilegal. En entrevista con RPP, Felipe James, presidente de la SNI, señaló que el sector textil, compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas, es el más afectado y producto de ello han cerrado debido a la competencia de la ropa usada ilegal. “Hace dos años eran más de 80 mil entre micro y pequeñas empresas (99%). Y con esta importación de ropa usada cierran muchas empresas que se dedican a la comercialización de ropa. Ahí te das cuenta de la cantidad de puestos de trabajo que están cayendo”, sostuvo el ejecutivo.
La preocupación del gremio es que los comerciantes formales compiten con mercancía que ingresa al país sin cumplir las mismas obligaciones aduaneras y tributarias. El problema ambiental, además, comienza incluso antes de que la ropa llegue al Perú: el estudio estima que el 40% de las prendas enviadas desde países desarrollados termina en basurales apenas una semana después de llegar a los puertos. Basta ver el gigantesco tiradero de ropa del desierto de Atacama, donde terminan prendas que no encuentran valor comercial.
El porcentaje que continúa en circulación puede seguir distintas rutas hacia Perú y Bolivia. Una vez en territorio nacional, los fardos son almacenados y redistribuidos hacia otras ciudades y, finalmente, hacia mercados, galerías, ferias y tiendas de segunda mano. “Un porcentaje de la ropa ingresa a algunos mercados específicos en las ciudades más grandes, sobre todo en los mercados de Lima, y en una dinámica de compraventa de pequeña escala en diversas ferias, comercios de internet, tiendas de ropa de segunda mano”, reza el documento.
El estudio también advierte sobre la interacción de esta cadena con otras economías ilícitas. En determinados tramos, los investigadores identifican posibles conexiones con el tráfico ilícito de armas, drogas e insumos químicos, debido al uso compartido de rutas, transportistas y otros actores.
José Luis Gil, experto en seguridad, advirtió a RPP que el problema podría formar parte de un sistema criminal más amplio. “Me preocupa que no solamente sea una cadena de ropa ilícita, sino que además se está demostrando que está dentro de otros circuitos criminales. Comparten rutas con el narcotráfico, con el tráfico de oro, con otros tipos criminales. Entonces, quiere decir que el tráfico de ropa está comenzando a formar parte de todo este sistema criminal”, señaló.
Como respuesta, desde la Sociedad Nacional de Industrias plantean que el Gobierno de Keiko Fujimori dialogue con las autoridades chilenas para abordar el ingreso de ropa usada que posteriormente termina siendo trasladada hacia otros países de la región. Se propone también crear un centro de análisis estratégico que reúna información de Sunat, Policía y Fiscalía para identificar de manera conjunta las rutas, actores y operaciones vinculadas a estas redes.
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