El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) dejó firmes en la vía administrativa 11 sanciones por un total de S/3.3 millones durante el segundo trimestre de 2026. Los casos alcanzaron a concesiones portuarias, ferroviarias, viales y aeroportuarias, y respondieron a infracciones detectadas en niveles de servicio, mantenimiento, obligaciones contractuales y ejecución de obras.
A diferencia de las penalidades contractuales, estas medidas surgieron de procedimientos administrativos iniciados por el regulador ante el incumplimiento de obligaciones legales, técnicas o contractuales. Entre los motivos figuraron problemas con la productividad, el mantenimiento de equipos, la atención de reclamos y el avance de obras en los distintos sectores supervisados.
De cara al periodo 2026-2030, la planificación institucional de Ositrán anticipa un aumento en la carga de expedientes vinculados con penalidades a concesionarios. La incorporación de nuevas concesiones a su ámbito de supervisión, como el Anillo Vial Periférico, la Línea 2 del Metro de Lima y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, incrementará las necesidades de fiscalización sobre la infraestructura de transporte.
Las sanciones impuestas al sector ferroviario y al Metro de Lima y Callao sumaron S/925.320 durante el segundo trimestre, lo que los ubicó como el segundo rubro con mayor monto multado. En ese grupo, dos medidas aplicadas a Tren Urbano de Lima se originaron por la falta de realización de la revisión general de motores de tracción, un procedimiento que debía ejecutarse conforme al plan de mantenimiento establecido en el contrato de concesión de la Línea 1.
Los procedimientos sancionadores del Ositrán no son nuevos. En 2023, el organismo reportó 46 sanciones firmes contra entidades prestadoras por un total de S/4.6 millones, lo que permite dimensionar el uso de estas herramientas como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones que asumen las empresas que operan infraestructura de transporte público.
Durante el periodo analizado, el sector portuario fue el que concentró el mayor monto: de los S/3.3 millones contabilizados, S/2.3 millones correspondieron a operadores de terminales portuarios. La mayor parte de esa cifra estuvo vinculada al incumplimiento de los indicadores de niveles de servicio y productividad, compromisos que los concesionarios deben cumplir en el marco de sus contratos. Solo dos sanciones impuestas a APM Terminals Callao por estas obligaciones representaron S/2.27 millones. Además, en el mismo sector se registró una amonestación por el incumplimiento del Reglamento General de Tarifas.
Estos indicadores forman parte de los estándares que los operadores de infraestructura portuaria están obligados a respetar durante la vigencia de sus concesiones.
En el rubro aeroportuario, Aeropuertos Andinos del Perú fue sancionada con S/31.790 por no cumplir una obligación ligada al concepto de liquidación del cofinanciamiento operacional, mientras que Lima Airport Partners recibió una amonestación por la falta de limpieza e higiene en los pisos del terminal de pasajeros, algo que estaba previsto en su contrato de concesión. Además, se aplicó una penalidad de US$73.000 a Aeropuertos del Perú por el retraso en las obras de mejoramiento y rehabilitación del aeropuerto de Piura, medida que deriva de una obligación contractual.
En las concesiones viales hubo otras dos sanciones. Carretera Andina del Sur —antes Survial— fue multada con S/17.655 por incumplir una obligación del contrato de concesión referida al no cobro de la tarifa de peaje en las unidades de Marcona y Pichirhua. Autopista del Norte, por su parte, recibió una medida por S/26.015 por no atender reclamos ni resolver controversias según las disposiciones vigentes.
El regulador también impuso una amonestación por la parada incorrecta de un tren, con lo cual las medidas en el sector ferroviario estuvieron vinculadas tanto a obligaciones de mantenimiento como a la operación del servicio. Así, el segundo trimestre de 2026 dejó firmes sanciones por más de S/3.3 millones en los sectores regulados.
La diferencia entre sanciones y penalidades radica en su origen: mientras las primeras surgen de procedimientos administrativos por infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales, las segundas están pactadas en los propios contratos de concesión y se activan ante incumplimientos específicos acordados. En el segundo trimestre de 2026, además de las sanciones administrativas, quedaron firmes penalidades por incumplimientos contractuales en dos sectores. En el vial, la Sociedad Concesionaria Anillo Vial recibió una penalidad de S/149.800 por presentar fuera de plazo la documentación del tramo 1 del proyecto. En el Metro de Lima y Callao, la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 fue penalizada con S/5.500 por la demora en la entrega del informe socioambiental mensual. En el sector portuario, en cambio, no se registraron penalidades firmes durante el periodo, según Ositrán.
Los casos del trimestre evidencian que la supervisión de las concesiones abarca obligaciones de distinta naturaleza: indicadores de productividad, mantenimiento de infraestructura, atención de reclamos, disposiciones tarifarias, entrega de información y avance de obras. Esa variedad de incumplimientos refleja el alcance de las responsabilidades que deben cumplir los operadores bajo los contratos y normas que regulan la infraestructura de transporte de uso público.
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