Ante el avance de la extorsión y el sicariato, el gobierno moviliza a más de 4 mil policías y militares en patios de maniobras, paraderos y rutas del transporte público de Lima Metropolitana como parte del Plan Escudo, con el objetivo de prevenir esos delitos y proteger a transportistas y pasajeros. La medida, sin embargo, no está exenta de críticas: algunos expertos cuestionan la estrategia y la tentación de militarizar la seguridad pública para sofocar el crimen organizado se extiende por diversos sectores de la capital, aun cuando sus resultados a corto plazo generen profundos cuestionamientos.
Según informó el Ministerio del Interior, 100 nuevos agentes adicionales, especializados en inteligencia e investigación, se sumaron a la activación de controles en las vías primarias y secundarias de la capital.
Las bandas criminales, nacionales y extranjeras, han convertido a la extorsión en una de sus principales formas de financiación. Un reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público detalla que, entre agosto de 2024 y mayo de 2026, este delito dejó 214 atentados contra el transporte público en Lima y Callao, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos.
El ministro del Interior, César Astudillo, detalló que "solo en Lima Sur hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes". El despliegue, que se ejecuta día y noche desde esta semana, incluye el acompañamiento policial a las unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos y la vigilancia permanente en las empresas, entre las que figuran Vipusa, Nuevo Perú, El Cóndor, Roluesa, Etuchisa, Santa Catalina, Línea 73, Translima, Huascar/Aquarius, Etcimosa, ETUSA y Nueva América.
Las acciones de seguridad y patrullaje preventivo buscan garantizar el normal desarrollo de las operaciones del servicio de transporte urbano en Lima Metropolitana. Los operativos se concentran en sectores como Puente Nuevo, Puente Tres Ruedas, Puente Atocongo, Pamplona, Primera de Pro, Puente Piedra, Vía de Evitamiento, Panamericana Norte y otras rutas, donde se ha reforzado la protección de transportistas, pasajeros y ciudadanía en general con patrullajes preventivos, puestos fijos de vigilancia y acciones de inteligencia policial. La Policía, con el apoyo del Ejército, lidera este amplio operativo en zonas estratégicas.
Estas medidas se implementan después de que los ataques contra el transporte público dejaran en ese período un total de 283 víctimas, de las cuales 152 personas fallecieron y 131 resultaron heridas.
Las críticas al Plan Escudo también provienen de los propios transportistas, quienes aseguran que la estrategia "solo es para la foto" en la lucha contra las extorsiones. En tanto, entre el público surgen cuestionamientos sobre el rol de las Fuerzas Armadas: "Es una buena iniciativa, pero creo que falta más servicio de inteligencia y leyes más severas", señaló un ciudadano.
Pese a esas observaciones, el plan impulsado por el Mininter contempla labores permanentes de inteligencia conjunta entre la PNP y las FF.AA., con el objetivo de anticiparnos a la delincuencia. "A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo", sostuvo un vocero.
La estrategia busca reforzar la protección del transporte público y prevenir nuevos ataques extorsivos contra este sector, en un contexto de creciente criminalidad que afecta a los transportistas. Para ello, las autoridades supervisan de forma continua las medidas de protección implementadas: presencia permanente de efectivos policiales y militares, patrullaje motorizado en las rutas, instalación de puestos fijos de vigilancia y acompañamiento en ruta a las unidades de transporte.
Además, se verifica que las unidades incorporadas al plan estén interconectadas con la Central de Emergencia 105 de la PNP, lo que permitirá una respuesta rápida y articulada ante cualquier situación de riesgo.
Para el exministro del Interior Gastón Rodríguez, la presencia de las Fuerzas Armadas por sí sola no representa una solución a la inseguridad, pues su ámbito de acción es diferente al de la Policía Nacional. En tanto, Alexandra Ames, especialista en políticas públicas, señaló que los militares deberían actuar bajo la estrategia del Ministerio del Interior y la Policía, ya que funciones como la detención de personas que cometen delitos corresponden a los agentes policiales.
Sin embargo, Luis Herrera, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, consideró positivo que todos los organismos de inteligencia se reúnan para trabajar en un solo enfoque, y manifestó que el Plan Escudo sirve para disuadir y se complementa con inteligencia.
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