La Policía Nacional constituye el peor caso de instituciones carcomidas por el crimen en el país. Criminales con uniforme forman parte de un sistema gangrenado de coimas, prebendas y conciliaciones con las bandas de extorsionadores y sicarios a los que deberían combatir. Esa extensa red incluye a altos mandos, comisarios y subalternos, pero también a alcaldes distritales, jueces y fiscales. El crimen solo puede superar al Estado cuando lo ha infiltrado, y eso es exactamente lo que está sucediendo.

A punto de cumplir sus primeros 15 días de gestión, la radiografía del nuevo gobierno arroja, entre una gama de grises, una zona negra: un carcinoma intacto y protuberante que tiende a extenderse, la inseguridad ciudadana. En un escenario de emergencias sociales, con un Estado colapsado e instituciones vandalizadas por la corrupción, no deja de llamar la atención la marginalidad con la que el Consejo de Ministros y la propia Keiko Fujimori han abordado el tema.

Un primer punto es si César Astudillo era la persona idónea para el Ministerio del Interior. Nadie dice que el currículo del general de división EP (r) no haya sido importante, pero ¿era el más indicado?

En un país en el que si algo sobra son leyes, el gobierno no puede centrar su estrategia en la delegación de facultades. Falta mucho más. Para empezar, el plan de limpieza de la policía. No podemos esperar, entre entretenidos “unboxing”, que una nueva traicionera ráfaga de balas perfore el pecho de otro distraído chofer de combi.

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