El Régimen General (RG), diseñado para medianas y grandes empresas, pasó de 574,700 contribuyentes en 2005 a solo 178,600 en 2025, una caída del 68.92%. En el mismo periodo, el Régimen Único Simplificado (RUS), pensado para pequeños comerciantes, saltó de aproximadamente 271,000 a más de 1.6 millones (500.51%). Esta radiografía de la base tributaria peruana evidencia un problema de fondo: el crecimiento del número de empresas no se traduce en una mayor recaudación.

El fenómeno no se limita al RUS. El Régimen Especial de Renta (RER) creció de 95,900 a 598,100 contribuyentes en dos décadas (523.60%), mientras que el Régimen MYPE Tributario (RMT), creado recién en 2017, ya alcanzó 940,500 inscritos en menos de 10 años. Sin embargo, el RG, pese a tener menos contribuyentes, recauda entre ocho y doce veces más que todos los regímenes mype juntos.

El ánimo de crecer no parece estar arraigado en la mente de todas las micro y pequeñas empresas, sobre todo en número de empleados. Las microempresas son las más numerosas en el Perú, pero son las medianas y grandes las que agrupan una mayor proporción del empleo formal, lo que implica también mayor pago de tributos.

Víctor Ballena, coordinador de la entidad a cargo del análisis, identifica el problema: “Puede que a un emprendedor le vaya muy bien y empiece a contratar, pero se da cuenta de que tiene que pagar impuestos y crea otra empresa destinada a ayudarle con el tema de venta y compra de boletas supuestamente operativas y reales para pagar menos IGV. [...] Con las estadísticas hemos notado que hay bastantes empresas que están creadas, pero no tienen movimiento, no tienen ni trabajadores”.

El jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez, sostiene que la legislación laboral es un desincentivo crítico que empuja el “enanismo” empresarial. Al superar los 20 empleados, las compañías deben repartir al menos el 5% de sus utilidades (hasta 10% en pesca y telecomunicaciones), por lo que los dueños prefieren “atomizarse” o crear una segunda microempresa antes de cruzar ese umbral. Chávez añade que el 95% de las empresas son micro, pero muchas de subsistencia, con baja eficiencia y limitada inversión en capital. “Alguien hace un emprendimiento y lo hace incluso de manera informal como una alternativa hasta alcanzar un puesto de trabajo en una empresa grande. [...] Se van sumando negocios de subsistencia que no elevan la productividad porque cumplen, más bien, con un nivel mínimo”, precisa.

Ese escenario, según Ballena, hace más cómodo permanecer como negocio pequeño, pero acentúa la brecha en el acceso al sistema financiero. Al mantenerse en regímenes pequeños y no exigir boletas o facturas por sus insumos —algo usual en mercados donde los proveedores están exentos de IGV—, los negocios no generan registros contables reales. Sin esos registros, la empresa se vuelve invisible para los bancos y no puede acceder a créditos oportunos para ampliarse o modificar su oferta.

La alta rotación laboral también alimenta el círculo vicioso del “enanismo” empresarial. Chávez explica que, para evitar los costos de un despido, las compañías optan por contratos a plazo fijo; eso impide que los trabajadores ganen experiencia o se especialicen y, al mismo tiempo, condena al negocio a no mejorar su productividad y a mantenerse pequeño.

Ballena y Chávez coinciden en que el crecimiento económico del país hace que las grandes empresas incrementen sus convocatorias laborales. Para un profesional dueño de un pequeño negocio, ese escenario plantea una disyuntiva: mantener su emprendimiento o cerrarlo para trabajar formalmente. La segunda opción suele imponerse porque las corporaciones ofrecen mejores salarios, acceso a seguro social y mayor estabilidad.

El vocero de la UPC añade que, con la llegada de nuevos gobiernos —locales, regionales o centrales—, muchas personas solo “aprovechan el momento”: crean empresas específicamente para venderle o comprarle al Estado y, una vez concluida la operación, la firma desaparece. No obstante, aclara que en el sector privado ocurre algo parecido: las contrataciones por outsourcing o tercerización laboral se usan para necesidades puntuales, en lugar de establecer negociaciones sostenidas de tres o cuatro años. En otras palabras, priman las relaciones comerciales efímeras.

La efectividad de las medidas orientadas a mejorar la competitividad depende de un marco institucional sólido que permita ver resultados en el corto y mediano plazo, resalta Chávez. Por eso, para que cualquier reforma microeconómica tenga éxito, resulta fundamental darle importancia a la estabilidad y a la institucionalidad del país. En esa línea, Ballena añade que el desafío de las políticas públicas no debe apuntar solo a formalizar, sino a incentivar el escalamiento empresarial, contemplado por ejemplo en la propuesta Promype. Ello implica eliminar “nudos” como la barrera de los 20 trabajadores y los desincentivos de los regímenes especiales que castigan a quien decide crecer. El especialista sugiere, así, transitar hacia esquemas de beneficios progresivos y acompañamientos técnicos que permitan a los pequeños negocios convertirse en empresas sostenibles en el tiempo.

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