Para el exministro de Economía y profesor de Centrum PUCP, Kurt Burneo, la actuación del Parlamento al aprobar leyes de gasto inconstitucionales responde a una lógica electoral: “Los congresistas buscaron congraciarse con sus electores aprobando gastos sin financiamiento”. En esa línea, el economista sostuvo que financiar compromisos permanentes con ingresos temporales es la “antielección de la política fiscal”, pues no se pueden aprobar gastos sin una fuente de ingresos que los respalde.
Burneo se pronunció al ser consultado sobre la contradicción entre el respaldo inicial que las bancadas mayoritarias, como Fuerza Popular, dieron a ese paquete de leyes en el Congreso y la actual calificación de “irresponsables” que el propio Ejecutivo hace de esas normas, las cuales busca derogar ante el Tribunal Constitucional. Frente a ello, el también profesor universitario señaló que existe una responsabilidad compartida entre el Congreso pasado y el TC, ya que este último “validó esto en su momento” pese a que “había cuentas totalmente claras de que se estaba transgrediendo la Constitución”.
Para Burneo, los legisladores aprobaron iniciativas de gasto sin importarles que estas “claramente vienen en contra de la Constitución”, que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. En ese contexto, consideró que lo responsable de lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es plantear la inconstitucionalidad de las leyes que implican un aumento del gasto público sin precisar cómo se iban a financiar.
La pasividad del anterior Poder Ejecutivo también forma parte del problema. Cuando se aprobaron estas leyes abiertamente inconstitucionales, no se plantearon en su momento las acciones correspondientes, y esa inactividad absolutamente marcada es parte del desbalance fiscal. Se tiene que mostrar señales de que efectivamente hay un problema con leyes que fueron aprobadas por el Congreso y que son claramente inconstitucionales.
Además, no solo se aprobaron gastos sin financiamiento, sino que en aquellos donde sí había financiamiento se pretendía usar ingresos temporales para cubrir gastos permanentes, como el aumento del impuesto a la renta por el alza del precio de los metales. Pensar que los altos precios de los metales son para siempre e intentar financiar gastos permanentes con ingresos temporales es definitivamente irresponsable.
— Ante esta irresponsabilidad en la aprobación de leyes populistas sin financiamiento, ¿por qué los anteriores gabinetes ejecutivos no actuaron a tiempo para frenar este desbalance fiscal?
La responsabilidad no solamente viene del Congreso anterior, sino también del anterior Poder Ejecutivo. Al no hacerlo, al tener una inactividad absolutamente marcada, esa pasividad es parte del problema.
— Si el TC termina anulando estas leyes impulsadas por el propio Parlamento, ¿cómo impactará esto en la legitimidad del Gobierno frente a gremios como los docentes, los policías o el personal CAS?
El problema que veo es que no hay muchas opciones. Se aprobó un aumento de gasto permanente y el aumento de ingresos que debería financiar este nuevo gasto debería tener la misma condición de permanencia, pero eso no es lo que sucede. Hay un elemento adicional: se necesita que el Gobierno tenga credibilidad, y la credibilidad en la parte económica va de la mano con la actitud de tomar acciones para corregir un error lamentablemente vivido.
La sentencia del Tribunal Constitucional que rectifica la posición sobre la iniciativa de gasto del Congreso es, para Kurt Burneo, la base sobre la cual debe sostenerse la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de las cuatro leyes aprobadas sin respaldo fiscal. En esa línea, el exministro sostiene que el Poder Ejecutivo debe presentar los proyectos de ley de equilibrio presupuestal y endeudamiento junto a la actualización del Marco Macroeconómico Multianual, y que en la formulación del Presupuesto tiene que quedar clara la forma de enfrentar soluciones ya puestas, considerando que no hay retroactividad.
El origen de todo este problema, según Burneo, está en haber aprobado iniciativas legislativas sin el respaldo correspondiente. Cuando el Ministerio de Economía plantea que la atención de estos gastos —como las gratificaciones CAS— se haga gradualmente, explica, es porque no había otra opción: la presión de gasto al 100% resultaba inmanejable sin inyecciones presupuestales.
Consultado sobre cómo el MEF terminó cediendo terreno ante el Congreso, el exministro responde que el ministerio se debilitó en los últimos años porque fue avasallado en sus competencias. Cuenta que cuando estuvo al frente del sector fue muy claro en decir que las competencias del MEF no se negocian, porque veía el riesgo de que el Congreso o algunos ministros impusieran acciones sin sustento fiscal. Fue ese debilitamiento institucional, añade, lo que permitió que se produjeran estas iniciativas legislativas inconstitucionales. La siguiente pregunta aborda la advertencia del Consejo Fiscal sobre la norma de maestros, que se asemeja a una "cédula viva", y si esa ley en particular era insostenible para la trayectoria fiscal del país.
El problema de fondo, insiste Burneo, es de responsabilidad fiscal: no se puede aumentar el gasto si no está financiado, y menos aún un gasto permanente con una fuente absolutamente temporal, como los precios de los metales. Ese es un conflicto que debe resolverse. Para el economista, el escenario actual de riesgo fiscal se explica por decisiones del Congreso pasado que implicaban mayor gasto sin tener la iniciativa de gasto, pero también por la permisividad del Ejecutivo de aquel entonces, que no observó adecuadamente esas leyes en su momento. Eso dejó al Congreso con un poder absolutamente desequilibrado y puso en problemas la situación fiscal del país. En ese sentido, no hay ninguna duda de que existe un desequilibrio fiscal: no solo hay gasto nuevo sin financiamiento, sino que el gasto es permanente y el financiamiento es absolutamente temporal, y eso es algo que se necesita revertir. Además, el exministro recuerda que durante la administración del doctor Toledo se eliminó la llamada «cédula viva» porque generaba una presión fiscal insostenible sobre la caja del Estado, y advierte que establecer ese sistema con la norma de maestros jubilados es una suerte de resucitar la cédula viva. El problema, dice, no es solo cuantitativo sino también cualitativo.
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