Las fuentes de la petrolera estatal señalaron que la separación de dos gerencias y la fusión de otras dos se ejecutaron en cumplimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que no se autorizaron incrementos salariales para la plana mayor.

Reestructuración aprobada fue resultado de siete semanas de discusión. Foto: Petroperú

Los exmiembros del directorio que presidió Edmundo Lizarzaburu Bolaños aseguraron que todas las decisiones de su mandato se adoptaron de manera colectiva y unánime, tal como consta en las actas disponibles. La Junta General de Accionistas de la petrolera estatal sustituyó a todo el directorio el pasado 6 de agosto, con excepción del vicepresidente, Carlos Linares Peñaloza.

Tras el relevo circularon versiones que señalaban que el Ejecutivo dispuso el cambio al detectar que el directorio saliente aprobó la reestructuración de la empresa, creó nuevas gerencias y autorizó el pago de bonos, a sabiendas de que sería reemplazado. Ante ello, fuentes relacionadas con la anterior gestión de Petroperú respondieron: "Se dice que se autorizó una reestructuración de la organización de la empresa de un momento a otro, de manera sorpresiva. Esa es una información falsa. El tema de la reestructuración se discutió durante siete semanas con la participación de todos los directores, incluido Carlos Linares Peñaloza. Si fue una decisión incorrecta, Linares no continuaría en la empresa".

En cuanto a la reestructuración organizacional de la compañía estatal de hidrocarburos y a los incrementos salariales, las fuentes indicaron que fueron medidas correctivas de decisiones de periodos anteriores y que se cumplieron en función de disposiciones de la Contraloría General de la República.

Las fuentes consultadas insistieron en que la versión sobre supuestos acuerdos aprobados en beneficio propio es "totalmente falsa" y "fácilmente comprobable que no es verdad". Según explicaron, las decisiones que tomó el directorio saliente de Petroperú respondieron a mandatos de la Contraloría y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no a una iniciativa propia.

En ese sentido, señalaron que la división de la Gerencia de Auditoría de la Gerencia de Gestión de Riesgos fue dispuesta por un Informe de Orientación de Oficio de la Contraloría, debido a que la fusión afectaba el Sistema Nacional de Control y el Código de Buen Gobierno Corporativo. "De no haber aprobado dicha disposición, podríamos haber cometido una grave omisión de funciones, según la misma Contraloría", advirtieron. La separación de la Gerencia de Cumplimiento y la Jefatura de Lavado de Activos, en tanto, se ejecutó por un mandato de la UIF: "Constan en los oficios emitidos por la UIF remitidos a Petroperú los llamados para desagregar la gerencia y la jefatura porque la unificación vulneraba la ley y no hacerlo implicaba exponer a la empresa a eventuales sanciones por no cumplir con las funciones determinadas por el Sistema de Prevención del Lavado de Activos (SPLAFT)".

Los exdirectores remarcaron que estas acciones correctivas, que contaron con el voto unánime del directorio pasado, fueron de "necesidad técnica y legal". Precisamente, cumplir con las disposiciones de ambos organismos de control fue lo que significó el incremento salarial de la plana mayor y de los gerentes de la empresa estatal, un punto que también ha sido cuestionado.

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