La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, a cargo de la magistrada Irma Diaz Livaque, dispuso el inicio de investigaciones preliminares por el término de 60 días contra Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y actual candidato municipal por dicha agrupación, por la presunta comisión de actos ilícitos relacionados con expresiones amenazantes dirigidas a autoridades de la ONPE y el JNE. La medida fue emitida el último viernes, según la disposición a la que tuvo acceso RPP, y acoge la denuncia presentada por un ciudadano.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el 1 y 12 de abril últimos. En la primera fecha, de acuerdo con la denuncia, "luego de participar en un debate presidencial", el exalcalde de Lima habría "emitido expresiones contra el [entonces] jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con presunto contenido intimidatorio". En la segunda, se indica que "el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso" electoral, "atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al JNE, donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos".

Como parte de las diligencias preliminares, la fiscal ordenó recibir la declaración testimonial del denunciante y la de Roberto Burneo, presidente del JNE, "a fin de que informe sobre las expresiones atribuidas al denunciado, las circunstancias en que fueron realizadas y si estas afectaron o condicionaron el ejercicio de sus funciones". Asimismo, se dispuso oficiar a Canal N y a Willax para que remitan "copia certificada o registro audiovisual" de las declaraciones formuladas por López Aliaga; y a la ONPE y al JNE para que señalen si tomaron conocimiento de las expresiones públicas del denunciado y si estas generaron alguna afectación al proceso electoral.

La investigación se enmarca en las últimas elecciones generales y contra los que resulten responsables por la presunta comisión de los supuestos actos ilícitos.

La disposición fiscal también ordenó recabar la información de las redes sociales de López Aliaga y de Renovación Popular, así como "publicaciones, comunicados, convocatorias o pronunciamientos efectuados durante el periodo comprendido entre el 1 y 15 de abril de 2026". En paralelo, el Ministerio Público advirtió, "de manera preliminar", la presunta comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de coacción, ilícito que "sanciona la conducta de quien, mediante el empleo de amenaza o violencia, limita la libertad de determinación de una persona, obligándola a realizar una conducta determinada o impidiéndole actuar conforme a sus atribuciones". Sobre este punto, la Fiscalía atribuye al denunciado haber efectuado "expresiones públicas dirigidas contra funcionarios vinculados a los organismos electorales, las cuales podrían haber tenido como finalidad ejercer presión o intimidación respecto al ejercicio de sus funciones, aspecto que deberá ser corroborado mediante los actos de investigación correspondientes". De otro lado, el Ministerio Público también investiga la presunta comisión del delito contra la voluntad popular, en la modalidad de perturbación o impedimento de proceso electoral. En ese marco, la disposición señala que "corresponde determinar si las expresiones, convocatorias y actos atribuidos al denunciado, realizados en un contexto posterior a la jornada electoral, tuvieron entidad suficiente para afectar o perturbar el normal funcionamiento del [JNE] u otros organismos encargados constitucionalmente del proceso electoral". Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori reducir ministerios y equipar a la Policía

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La investigación contra Rafael López Aliaga por presuntas expresiones amenazantes contra autoridades electorales ya está en manos de la Fiscalía. El caso, que ha generado controversia en el ámbito político, se centra en los dichos del líder de Renovación Popular. Las declaraciones del también candidato a la alcaldía de Lima habrían sido dirigidas contra miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La denuncia fue presentada por un grupo de ciudadanos que consideran que las palabras del político constituyen un delito contra la administración pública. Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si las expresiones de López Aliaga configuran una infracción penal o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión. El proceso se encuentra en su etapa inicial de diligencias preliminares.

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