El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular, los poderes del Estado y el orden constitucional. El origen de la pesquisa son las expresiones que el exaspirante a la Presidencia habría dirigido contra autoridades electorales durante la campaña para las Elecciones Generales de 2026.

Según el documento fiscal, el 1 de abril de 2026, después de participar en un debate presidencial, López Aliaga habría cuestionado públicamente al entonces jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas. Esas declaraciones fueron calificadas como de “presunto contenido intimidatorio” y son uno de los ejes de la indagación. “El 1 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”, señala el texto.

La denuncia también alcanza hechos posteriores a la difusión de los resultados electorales, tras el cierre de la votación del 12 de abril de 2026. En ese contexto, el líder de Renovación Popular habría puesto en tela de juicio la legitimidad del proceso, atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones. “El denunciado habría cuestionado la legitimidad del procso atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”, estipula dicho documento fiscal.

Tras estos hechos, el propio López Aliaga acudió al Ministerio Público para solicitar el inicio de las acciones correspondientes, con el objetivo de determinar si lo denunciado tiene relevancia penal y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados. La evaluación de la procedencia de la denuncia, así como de los elementos de convicción y las diligencias preliminares necesarias, corresponde a la Fiscalía en el marco de sus atribuciones constitucionales como titular del ejercicio de la acción penal.

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