La alianza Consenso por la Democracia, conformada por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras, impulsa la derogación de las leyes pro crimen a través de cinco proyectos legislativos que, por su naturaleza, serán derivados como predictámenes a la Comisión de Justicia. La oposición busca liderar este grupo de trabajo para darles celeridad a las iniciativas.
Entre las normas que se pretenden eliminar figura la denominada ley de impunidad de Rospigliosi, que favorece a policías y militares. El primer proyecto fue presentado por Ahora Nación, con la autoría del diputado César Holguín, y plantea modificar diez leyes pro crimen aprobadas por el anterior Congreso.
Ese paquete de reformas incluye normas que afectaron la justicia penal, como la ‘Ley Soto’, la que modifica los plazos de colaboración eficaz, la que excluye a las organizaciones políticas de ciertas consecuencias penales y la que modifica la extensión de dominio. También se busca derogar la norma que impide a la PNP perseguir el uso de insumos vinculados a la minería ilegal, la que ordena que los allanamientos se realicen con la presencia de un abogado y la que modifica el delito de organización criminal, entre otras.
Según los impulsores, estas disposiciones crean un escenario propicio para la criminalidad en el país, por lo que su eliminación resulta urgente para fortalecer la lucha contra el delito.
La propuesta de Holguín también alcanza a la Ley de Amnistía y a la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad, mandatos que, según el congresista, privan de justicia a los familiares de las víctimas de delitos contra los derechos humanos. Aunque cada ley regula materias distintas, todas generan un efecto acumulativo sobre el sistema de justicia penal: restringen herramientas de investigación, incrementan las dificultades para obtener prueba, reducen la recuperación de activos ilícitos, limitan la actuación del Ministerio Público y elevan las probabilidades de impunidad.
En paralelo, Holguín presentó un segundo proyecto orientado a derogar la norma promulgada en insistencia por Fernando Rospigliosi, que otorga impunidad a policías y militares al ampliar el delito de función para que sean investigados únicamente en el fuero militar-policial, evitando así la justicia penal común. La iniciativa advierte que dicha norma buscaría “afianzar el pacto cívico militar que sostuvieron los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar” y que se promulga en un contexto donde la fuerza del Estado ocasionó la muerte de manifestantes entre 2023 y 2024. Como sustento, el legislador citó el caso de un joven que falleció al interior de una comisaría en Manchay y la muerte de un niño de 8 años durante una intervención policial.
La coalición de oposición ya ha anunciado su interés en presidir la Comisión de Justicia, cuya Mesa Directiva se establecerá este martes 11 junto a los demás grupos de trabajo. La conformación de este espacio será determinante porque las propuestas, por su naturaleza, serán derivadas allí antes de ir al Pleno, donde las bancadas opositoras cuentan con 74 diputados frente a los 56 escaños de la derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular). Con esa mayoría, las iniciativas tendrían el visto bueno una vez lleguen a ese punto.
En tanto, desde Juntos por el Perú, la diputada Catherin Palomino presentó una iniciativa para derogar siete leyes pro crimen. Seis de las normas a las que apunta ya fueron mencionadas en el proyecto de Holguín, a excepción de la ley que modifica el régimen de prescripción de la acción penal.
El vocero de JP en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, presentó dos iniciativas adicionales. Una se centra en la Ley 31751 y la Ley 32104, que modifican la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal; la segunda apunta a las normas que atentan contra la lucha contra el crimen organizado y las investigaciones preliminares.
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