La senadora de Ahora Nación conversó con La República sobre la coyuntura política y su próximo rol en el Congreso. Vásquez señaló que espera integrar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado y abordó detalles sobre su rol como oposición al gobierno entrante de Keiko Fujimori.
La parlamentaria se refirió a la reunión que hace unos días sostuvieron la fiscal suprema Patricia Benavides y el fiscal Tomás Aladino Gálvez con la propia Keiko Fujimori y con los ministros Luis Galarreta, Rafael Belaunde, César Astudillo y Ernesto Álvarez Miranda. Para Vásquez, el encuentro "nos dice mucho" y, aunque en principio podría leerse como una coordinación institucional entre el gobierno y el Ministerio Público, considera que "no es solo eso".
"Es una reunión a la que incluso asiste la señora Benavides, que es fiscal suprema, sí, pero que no tendría por qué estar en una reunión de este nivel. Su presencia no nos parece casual, sino más bien el respaldo político expreso que este gobierno le está dando a ese sector del Ministerio Público, seriamente cuestionado no solo por temas de corrupción y por ser parte de la red de los cuellos blancos, sino también porque respalda a una fiscal cuestionada como Patricia Benavides, acusada de haber mantenido, todo este tiempo, tratos con el fujimorismo, sobre todo con el que integraba el Congreso anterior", señaló.
La congresista añadió que el encuentro implica también un respaldo a la labor que Benavides viene realizando, pues es quien "está operativizando las leyes que permiten las amnistías a los militares, etcétera, lo cual también es una línea que ese gobierno claramente va a apoyar en términos de impunidad".
En otro momento, Vásquez se pronunció sobre la investigación fiscal contra Harvey Colchado. La senadora indicó que en Ahora Nación ya tenían conocimiento de estos procesos por el propio coronel, con quien mantienen comunicación incluso desde antes de la juramentación. "Para nosotros no ha sido una sorpresa, sino más bien algo que ya sabíamos que podía ocurrir", afirmó.
Según relató, le pidieron al coronel que les explicara "cuáles eran los cargos que se le imputaban de manera más precisa, y él nos explicó claramente cuáles son los motivos". Por ello, decidieron emitir un pronunciamiento, porque más allá del tema de fondo, lo que les preocupa es "esta falta de objetividad: quien abre la investigación es una fiscal que resulta ser esposa de un investigador cuyo caso estuvo justamente en manos del coronel".
Finalmente, ante la consulta sobre el pedido para que se aplique la ley de amnistía en el caso de un exmilitar sentenciado a 15 años por desaparición forzosa, y pese a que Ahora Nación ha solicitado la derogación de las normas que permiten estos hechos, la parlamentaria adelantó que su bancada tiene previstas acciones más allá de una medida como esa.
La decisión sobre el salario mínimo no responde a un criterio técnico, sino a un cálculo político, incluso populista, y eso es algo que preocupa a la bancada. Una evaluación seria habría implicado analizar la inflación y el costo de la canasta básica en el escenario actual, que además se agravará con el Fenómeno del Niño. A esto se suma que la población ya está señalando que el aumento no responde a sus necesidades reales. También genera dudas el procedimiento anunciado para aprobarlo, que incluiría consultar al Consejo Nacional de Trabajo, un espacio que, como se sabe, suele oponerse a subir el salario mínimo. Todo esto hace preguntarse si finalmente se ejecutará y de qué manera.
En cuanto a los feriados, la impresión es similar: cuando se anunció la eliminación de algunos, luego, para evitar la contradicción, se optó por decir que los iban a “optimizar”, pasando unos al viernes o al lunes. No hay un criterio técnico claro sobre qué feriados mover y por qué, y hay algunos que, en definitiva, no se van a poder trasladar a esos días. Parece que ahí también se está jugando para responder a las críticas de la población. En resumen, detrás de estos anuncios hay más cálculo político que criterio técnico.
Frente a las normas que se busca derogar, la preocupación es que empiecen a surtir efecto antes de que se produzca la derogación, y eso genera mucha inquietud. Ante lo que ya ha comenzado a ocurrir, se están evaluando otras acciones: reunirse como bancadas y, posiblemente, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otras acciones de tipo político-legal. El fujimorismo está dando claras muestras de que estas leyes no solo fueron aprobadas, sino que van a intentar aplicarlas más allá de los cuestionamientos existentes. Son normas que buscan consolidar la impunidad, y eso es lo que el fujimorismo está apoyando.
Una subida del salario mínimo, en sí misma, no encontraría oposición si estuviera sustentada técnicamente. De hecho, es algo que se ha demandado. Lamentablemente, lo que se ve son criterios más políticos y populistas que técnicos, y con poca claridad, lo que demuestra que no se está tratando este tema con la seriedad debida.
¿Ya tiene pensado si le gustaría integrar alguna comisión en específico?
Definitivamente, la comisión en la que quisiera participar de manera activa es la de Justicia y Derechos Humanos. Me parece que ahí se van a debatir no solo las leyes más importantes que se están cuestionando —como las procrimen, etcétera—, sino también todo un conjunto de normas que buscan generar impunidad y dejar en el olvido las reivindicaciones de derechos humanos en este país. Creo que uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria, y eso también se hace desde lo legislativo. Esa es una de mis apuestas.
Keiko Fujimori ha iniciado con un 60% de aprobación, ¿cómo procesan ese dato políticamente desde la oposición?
Las estadísticas suelen reflejar la confianza inicial que se le da a un gobierno recién instalado. Más allá de las buenas intenciones que se expresan, o de este tipo de anuncios que se hacen al inicio de un gobierno y que suelen generar expectativa y esperanza en la población, si eso no se traduce en acciones concretas y en cambios reales, se corre el riesgo de que, como en otros momentos, esa aprobación caiga abruptamente. Me parece que, más adelante, eso tiene que traducirse en acciones concretas, porque de lo contrario esto termina siendo, como ha sucedido en otros gobiernos, solo una expectativa que luego deriva en frustración, y la gente empieza a desencantarse.
Keiko Fujimori le ha dado el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, permitiéndole viajar a México para ser asilada, ¿cree que hay algún interés político detrás de esta decisión del gobierno de Keiko Fujimori?
Sin duda. Fue el fujimorismo el que se opuso a que se le otorgara el salvoconducto, que era un derecho de la señora Betssy Chávez. Es decir, más allá de que nos guste o no, el salvoconducto ya era prácticamente un trámite que el Estado tenía que cumplir, conforme a los compromisos asumidos en instancias internacionales. Simplemente no quisieron otorgarlo, y creo que con eso no solo transgredían una serie de normas, sino que generaban una desavenencia innecesaria con un país como México. Dicho esto, está bien que ahora se haya decidido cumplir con la ley, pero está mal que se haga por cálculo político. Es terrible que, en este país, tengamos que agradecer que se cumpla la norma solo cuando no le resulta inconveniente al poder. Creo que estos cálculos políticos también tienen que ver con la instalación de este gobierno, que busca restablecer relaciones con México —tener malas relaciones con ese país implica costos, incluso económicos—. Pero decidieron cumplir ahora por cálculos que, creo, también buscan debilitar a la oposición y quitarle herramientas de cuestionamiento. Todo eso pesó para que la señora Fujimori decidiera otorgar el salvoconducto, y no lo hizo, en todo caso, porque crea en el respeto a la ley.
¿Cree que esto le quita a Juntos por el Perú, o a sectores más cercanos a Pedro Castillo, una figura como Betssy Chávez como consigna política para apropiarse de ella?
Creo que lo que están haciendo es dejar sin bandera a la oposición ligada a Pedro Castillo, a todo un sector que ha sido perseguido y que, finalmente, se queda sin ese argumento. Me parece que también pasa por ahí.
Respecto a la declaración de la congresista Luque sobre el acuerdo en el reparto de comisiones, que dejaba a Ahora Nación sin dirigir ninguna, Vásquez indicó que el tema se discutirá la próxima semana. Sostuvo que los grupos políticos deben analizar el reglamento, pues los quieren dejar sin presidir ninguna comisión alegando que proporcionalmente no les corresponde. Sin embargo, precisó que el reglamento no establece un número mínimo de integrantes para acceder a la presidencia de una comisión y solo menciona los principios de pluralidad y proporcionalidad, lo que significa que, en democracia, todos deberían tener al menos una comisión para dirigir.
Sobre el diálogo con Obras, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno, la llamada "Coalición por la Democracia", aseguró que el diálogo formal existe y que a nivel de líderes hay un acercamiento, sobre todo ahora, para definir qué es lo que a todas estas bancadas les interesa priorizar, algo que considera saludable. También señaló que, a nivel de parlamentarios —diputados y senadores—, algunos tienen bastante acercamiento con colegas de estos partidos para conocer los temas de fondo que piensan impulsar. En algunos coinciden y, seguramente, se les verá en más de una oportunidad presentando proyectos, mociones o iniciativas conjuntas. No obstante, al ser consultada sobre si ya tienen un borrador de proyecto conjunto, respondió que todavía no, en particular.
Comentarios 3
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta