La propuesta del líder chileno José Antonio Kast, que impulsa una reforma constitucional para reconocer la seguridad como deber esencial del Estado, incluye también un régimen penitenciario especial para los cabecillas que sigan dirigiendo sus bandas desde las cárceles. En el Perú, esta iniciativa merece atención, aunque nuestra Constitución de 1993 ya establece en su artículo 44 como deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. El mandato existe; lo que falta es cumplirlo. Aquí no hay vacío constitucional, hay incumplimiento estructural.

Mientras la Constitución ordena, la extorsión crece, el sicariato se normaliza y las organizaciones criminales controlan territorios, actividades económicas y centros penitenciarios. El Estado está desbordado, infiltrado y hackeado por la criminalidad. De la experiencia chilena debemos recoger la decisión de recuperar el control de las cárceles: es inadmisible que los reclusos mantengan comunicaciones ilícitas, ordenen asesinatos, cobren extorsiones y administren sus organizaciones desde prisión. Se necesita un régimen de máxima seguridad para cabecillas, inteligencia penitenciaria, bloqueo efectivo de comunicaciones y conexión permanente entre Policía, fiscalías y unidades de inteligencia financiera, todo ello bajo control judicial y dentro del Estado de derecho.

No necesitamos agregar otra promesa a la Constitución. Necesitamos convertir su mandato en instituciones, presupuesto, inteligencia y resultados. El inicio de un nuevo gobierno ofrece la oportunidad de abandonar la improvisación y declarar la seguridad política de Estado. La primera obligación constitucional es impedir que el miedo gobierne donde el Estado deja de hacerlo. En esa línea, Carlos Espá puede impulsar la Declaración de Santiago de mayo de este año hacia un sistema regional contra el crimen organizado con ayuda de la cooperación internacional. Un gran desafío y una gran posibilidad.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →