La mañana de este lunes 22 de diciembre, el Consejo Fiscal emitió un comunicado en el que advierte que el acuerdo alcanzado solo tendrá un impacto “efectivo” si se implementan acciones complementarias concretas y urgentes para preservar la sostenibilidad fiscal. “Para que dicho acuerdo contribuya de manera efectiva a la estabilidad macroeconómica del país, es indispensable que, en paralelo, vaya acompañado (y sea precedido) de acciones urgentes orientadas a salvaguardar la sostenibilidad fiscal”, señalaron.
El pronunciamiento llega en un contexto en el que, pese a las reiteradas alertas previas, durante la actual gestión de Jerí continuaron promulgándose iniciativas con perjuicio fiscal. Por ello, el Consejo presentó una nueva alerta con 10 medidas que están en la “cancha” del Gobierno de José Jerí y sobre los cuales debe tomar una decisión máximo el lunes 12 de enero.
El acuerdo en cuestión convocó a los diferentes poderes del Estado, gobiernos regionales y locales, sector privado, academia y sociedad civil para construir un consenso fiscal con horizonte de largo plazo, a fin de lograr crecimiento, empleo y bienestar. Se sustenta en tres ejes claves: sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto público y ampliación de la base tributaria.
Desde el consejo valoraron que esta iniciativa promueva un proceso de diálogo amplio y participativo, buscando una gestión responsable y sostenible de la política fiscal. “Dicho acuerdo será importante para retomar consensos esenciales sobre disciplina fiscal que guíen las decisiones de las próximas autoridades”, añadieron.
Entre las 10 autógrafas con impacto fiscal adverso que el Consejo Fiscal alertó a Jerí, la más costosa es la que incorpora a los trabajadores CAS del sector salud al régimen 728, con un impacto de S/ 944 millones. Esta medida, que actualmente se encuentra en fase de “aclaración” y no tiene fecha límite para que el Ejecutivo se pronuncie, es una de las cuatro propuestas que contemplan traspaso de regímenes laborales para trabajadores públicos.
En contraste, la medida “más urgente” para tomar acción desde el Ejecutivo es la que dispone la incorporación de los trabajadores CAS de la Sunat al régimen 728, cuyo plazo máximo para pronunciarse vence el lunes 5 de enero.
El consejo advirtió que, de no ser observadas, estas 10 autógrafas añadirían mayores presiones fiscales. Se trata de proyectos ya aprobados en el Pleno del Congreso que pasaron al Ejecutivo para su revisión, con un plazo de 15 días útiles para pronunciarse a favor y promulgarla; en contra y observarla; o no emitir posición y dejar que el Legislativo la promulgue por insistencia.
La alerta se produce después de que, desde el 19 de octubre y tras la conferencia de prensa en la que el consejo advirtió de casi 230 leyes con impacto fiscal adverso, se registrara que el Ejecutivo dio “luz verde” a 18 leyes adicionales sin mayores observaciones. “La mayoría de estas normas (17 de 18) implican mayor gasto público, principalmente a través de incrementos remunerativos en el sector público (nueve leyes) y la creación de nuevas entidades (seis leyes). El costo fiscal anual estimado para ocho de las nueve leyes referidas a remuneraciones asciende a S/ 1,031 millones; en el resto de las normas no se cuenta con una estimación oficial de su impacto fiscal”, detallaron.
Para el Consejo Fiscal, la sostenibilidad fiscal está en juego. Por ello, recomendó al Ejecutivo evaluar interponer acciones de inconstitucionalidad contra las leyes con impacto fiscal adverso que presenten vicios de inconstitucionalidad, es decir, que impliquen gasto público, a fin de “administrar la hacienda pública de manera responsable”.
El plazo máximo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre las 10 autógrafas vence el lunes 12 de enero. Entre las medidas que generan preocupación figuran dos iniciativas que plantean la incorporación de trabajadores CAS del Ministerio Público y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al régimen 728, con costos estimados de S/ 275 millones y S/ 75 millones anuales, respectivamente.
Otra propuesta vinculada al régimen CAS, según el propio documento, “no demanda costo adicional alguno al Estado considerando la situación actual de los trabajadores”, aunque el CF no presentó una estimación del costo ni precisó qué universo de trabajadores sería alcanzado. También se contemplan bonificaciones especiales: una mediante una mejora en los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) y otra dirigida a “personas declaradas como defensores de la patria”.
El panorama se completa con la creación de dos nuevas universidades (en Pataz, La Libertad; y en Sechín, Áncash), una nueva exoneración del IGV relacionada a créditos hipotecarios y una transferencia de recursos del IGV a un gobierno municipal, específicamente al Rímac. Todas estas medidas representarían una mayor presión fiscal para el país.
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