El nuevo Congreso bicameral ya tiene sus primeras iniciativas legislativas en camino. Dos comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados concentrarán los primeros proyectos de ley presentados desde la instalación del sistema bicameral, que reemplaza al esquema unicameral que rigió al Parlamento peruano durante más de dos décadas.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos revisará dos propuestas del diputado César Holguín, mientras que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores analizará una tercera iniciativa presentada por la diputada Indira Huilca. Bajo el nuevo mecanismo, solo los diputados pueden presentar proyectos de ley; si una iniciativa se aprueba en la Cámara Baja, pasa al Senado, que puede ratificarla, modificarla o archivarla según el reglamento.
Holguín, diputado por Cusco y portavoz de la bancada Ahora Nación, impulsa dos proyectos. El primero busca derogar las llamadas leyes procrimen, aprobadas en el Congreso anterior. El segundo plantea eliminar la norma que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de policías y militares que usan la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Huilca, también de Ahora Nación, propone modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que las sesiones dejen de ser virtuales.
La distribución de las comisiones se definió esta semana. La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo el 4 de agosto y el Pleno ratificó esa distribución este miércoles 5 de agosto. Desde esa fecha, cada comisión tiene un plazo para analizar y dictaminar los proyectos que le corresponden.
Las dos propuestas de César Holguín: derogar leyes procrimen y eliminar impunidad para policías y militares
El diputado por Cusco y vocero de Ahora Nación, César Holguín, presentó dos proyectos de ley en los primeros días de la nueva legislatura, los cuales fueron derivados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El primero busca derogar diez normas conocidas como leyes procrimen, mientras que el segundo plantea eliminar la Ley N.° 32735, denominada ley de impunidad militar policial.
La segunda iniciativa, presentada en agosto, apunta contra una norma publicada el 21 de julio en medio de cuestionamientos. Esta amplió la definición de "delito de función" para policías y militares, lo que permite que agentes que cometen delitos comunes sean juzgados en el fuero castrense en lugar de la justicia ordinaria. Además, dispone que ante un conflicto de competencia se prefiera la jurisdicción militar policial.
El primer proyecto, en cambio, fue presentado el 29 de julio y se dirige contra un paquete de normas aprobadas entre 2023 y 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Entre ellas figura la llamada "Ley Soto", que redujo a un año el plazo de suspensión de la prescripción penal, y otra norma que recortó a ocho meses el plazo para los procesos de colaboración eficaz. La propuesta busca restituir el texto de esas leyes al que regía antes de las modificaciones.
El paquete también incluye cambios que, según el propio texto, debilitaron la persecución de la corrupción. Una de las normas eximió a los partidos políticos de sanciones como el cierre o la disolución, incluso si su estructura sirvió para encubrir delitos. Otra exigió sentencia firme antes de iniciar un proceso de extinción de dominio, lo que retrasa la incautación de bienes de origen ilícito.
El Ministerio Público advirtió en enero de 2025 que estas reformas reducían las herramientas de investigación fiscal. El Poder Judicial calculó que el Estado dejó de recuperar cerca de 50 millones de dólares en 2025 solo por las restricciones a la extinción de dominio.
Trabajo presencial en el Congreso: el proyecto de Indira Huilca
La propuesta de Indira Huilca (Ahora Nación) modifica dos normas a la vez: el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 27 del Reglamento del Congreso. El texto, presentado el 3 de agosto, lleva la firma de Huilca junto a la de César Holguín, Marleny Arminta y otros congresistas. El objetivo es que la presencialidad deje de ser una costumbre y se convierta en una obligación escrita.
El proyecto sustenta su pedido con cifras de ausentismo. Recuerda que, en junio de 2026, hasta nueve comisiones —entre ellas Ciencia, Producción, Defensa y Ética— sesionaron casi vacías. También cita que el 25 de mayo de 2023 solo 85 legisladores estuvieron físicamente presentes en el hemiciclo desde el inicio de una sesión del Pleno. Para Huilca, ese patrón se repite pese a que la emergencia sanitaria por la Covid-19 terminó en 2023.
La modificación no elimina la modalidad virtual por completo. La participación a distancia solo se permitirá cuando un diputado o senador tenga licencia por viaje fuera de Lima, por encontrarse en el extranjero o por enfermedad. Fuera de esos supuestos, la presencia física será obligatoria tanto en el Pleno como en las comisiones.
El proyecto de Holguín, por su parte, describe los efectos prácticos de esa ley. Según el texto, permite el traslado automático de causas penales contra policías y militares hacia el fuero militar, incluso en procesos con condena de primera instancia. También contempla el archivo de investigaciones en trámite y la anulación de antecedentes judiciales, sin necesidad de audiencia previa. Amnistía Internacional advirtió que la norma "pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia".
Los dos proyectos coinciden en un punto: ambos buscan revertir normas aprobadas por el Congreso anterior, en el tramo final del gobierno de Dina Boluarte. Holguín sostiene, en ambos casos, que esas leyes debilitaron al Estado frente al crimen organizado o generaron riesgos de impunidad para las fuerzas del orden.
Huilca adelantó que su bancada evalúa acelerar el trámite del proyecto y que integrará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta última es la misma que revisará los dos proyectos presentados por César Holguín. "Ya estaría por confirmado, esas normas tendrían que pasar a la comisión de justicia y derechos humanos", indicó, al confirmar el destino de las iniciativas contra las leyes procrimen y el fuero militar policial.
"Vamos a evaluar la posibilidad de poder exonerar lo del trámite de comisiones, dado que es un tema en el que hay un amplio consenso", explicó la diputada. Agregó que esa dinámica ya funcionaba antes en el Congreso y que varios congresistas coinciden en aplicarla desde el inicio del periodo bicameral. Si la exoneración se aprueba, el proyecto pasaría directo a votación en el Pleno, sin pasar antes por la comisión de Reglamento. La diputada se mostró confiada en el respaldo a su propuesta. "Creo que hay una mayoría en todo caso que respalda esta propuesta, porque necesitamos volver a trabajar de forma presencial, garantizar que se disputan adecuadamente las leyes y queremos un mensaje de compromiso con la ciudadanía", afirmó.
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