El Colectivo de Aspirantes a la Beca Generación del Bicentenario ha llevado su reclamo hasta la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu). En una carta, el grupo de profesionales peruanos admitidos en universidades del extranjero solicita al Ejecutivo que evalúe una transferencia de partidas para restituir el presupuesto del programa, luego de que los recursos requeridos no fueran incorporados al crédito suplementario aprobado por el Congreso.
El monto que piden reponer asciende a S/13.492,494, cifra que, según indican, permitiría financiar 150 becas para estudios de maestría y doctorado en universidades del exterior. La continuidad de la convocatoria 2026 se ha convertido así en un nuevo frente de discusión sobre la asignación del gasto público.
Los aspirantes sostienen que el pedido no busca crear un nuevo programa ni generar una obligación adicional de gasto, sino recuperar el financiamiento de una convocatoria que, afirman, ya había sido identificada y sustentada por el propio Estado durante el proceso de formulación presupuestaria. La demora en una decisión pondría en riesgo el inicio de estudios en universidades del extranjero debido a los plazos académicos.
Como alternativa, el colectivo plantea que el Ejecutivo evalúe una transferencia de partidas mediante decreto supremo, previa identificación de una fuente de financiamiento dentro del presupuesto vigente. También expresan su disposición a aceptar una adjudicación parcial de becas si las restricciones fiscales impiden cubrir la totalidad de la convocatoria prevista para este año.
El pedido llega en un contexto en el que los recursos para el programa no fueron considerados en el crédito suplementario aprobado por el Congreso, lo que ha generado la movilización de los postulantes para evitar que se pierdan las vacantes obtenidas.
Para sustentar la viabilidad de esa alternativa, el colectivo menciona que el Ministerio de Educación había solicitado previamente los recursos para la convocatoria 2026, aunque estos finalmente no fueron incorporados al crédito suplementario aprobado por el Congreso. El documento también recuerda que, durante el debate presupuestario, el propio MEF hizo referencia a la existencia de mecanismos de modificación presupuestaria que podrían ser utilizados por los sectores para atender necesidades de financiamiento durante el ejercicio fiscal.
El planteamiento del colectivo se centra en el uso de mecanismos previstos en la normativa presupuestaria. En la carta se señala que durante el presente año el Poder Ejecutivo ha autorizado diversas transferencias de partidas mediante decretos supremos y se cita, entre otros, el Decreto Supremo N.° 101-2026-EF, relacionado con recursos del Ministerio de Educación. Sobre esa base, solicitan que el MEF, el Minedu y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) determinen si existe una fuente de financiamiento que permita restituir los recursos para la convocatoria 2026.
El documento precisa que, de existir la habilitación normativa correspondiente, el objetivo sería aprobar una transferencia de partidas mediante decreto supremo. Si esa vía no resultara aplicable, el colectivo solicita que las entidades identifiquen otro mecanismo presupuestario contemplado por la legislación para atender el requerimiento.
Como sustento de esa petición, el colectivo afirma que el sector Educación ha cerrado regularmente los últimos ejercicios fiscales con más de S/1.000 millones de presupuesto no ejecutado. Según la carta, el monto requerido para financiar las 150 becas representa alrededor de 1% de esos recursos, por lo que plantea evaluar si existen partidas disponibles o con menor nivel de ejecución que puedan ser reorientadas legalmente hacia Pronabec sin crear una nueva necesidad de gasto.
Los aspirantes a la Beca Bicentenario 2026 advierten que el problema no es solo presupuestal, sino también de calendario: las fechas para matrícula, acreditación financiera, obtención de documentos migratorios e inicio de clases en las universidades internacionales ya están próximas a vencer o, en algunos casos, comenzaron a expirar. Esto podría hacer inviable el aprovechamiento de las admisiones obtenidas durante este año, según exponen en su solicitud.
El colectivo sostiene que los profesionales ya admitidos en universidades del extranjero accedieron a esas plazas tras procesos de evaluación y admisión que demandaron años de preparación, certificaciones y una inversión económica asumida por ellos y sus familias. Por ello, la carta enfatiza las consecuencias que tendría una eventual cancelación de la convocatoria.
En ese contexto, el documento señala que el programa de becas constituye una política pública orientada a formar capital humano especializado en áreas donde el país presenta brechas de conocimiento. Recuerda que, en convocatorias anteriores, los profesionales financiados se incorporaron posteriormente a instituciones públicas, universidades, centros de investigación, hospitales y empresas privadas, además de participar en iniciativas vinculadas con la investigación científica, la innovación y el diseño de políticas públicas.
Frente a ese escenario, los postulantes solicitan la instalación de una mesa de trabajo entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, Pronabec y representantes de los aspirantes para evaluar alternativas de financiamiento y establecer un cronograma de decisiones. Entre los pedidos también figura que las entidades determinen, en el plazo más breve posible, si es viable financiar las 150 becas inicialmente previstas o una meta reducida que permita atender parte de la demanda durante el presente ejercicio fiscal.
El colectivo de aspirantes sostiene que una definición en las próximas semanas será determinante para conservar las vacantes obtenidas en universidades del exterior y evitar que la convocatoria quede sin ejecutarse durante el presente año fiscal. En el documento, también se solicita que las entidades involucradas evalúen técnicamente las alternativas previstas en la normativa antes de que los plazos de las universidades extranjeras imposibiliten el inicio de los estudios de los postulantes admitidos.
La carta concluye señalando que la aprobación del crédito suplementario no agotó las opciones para financiar la convocatoria y que el presupuesto público contempla mecanismos de modificación durante el año fiscal. Desde una perspectiva económica, el caso pone sobre la mesa el debate sobre la priorización del gasto público y la capacidad del Estado para reasignar recursos durante la ejecución presupuestal. Las modificaciones presupuestarias mediante transferencias de partidas forman parte de los instrumentos utilizados cada año para financiar nuevas necesidades o reforzar programas existentes, aunque su aplicación depende de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación presupuestaria.
Hasta el momento, las entidades mencionadas en el documento —entre ellas el MEF, el Minedu y Keiko Fujimori— no habían comunicado públicamente una decisión sobre el financiamiento de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario.
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