El Poder Judicial (PJ) admitió una medida cautelar presentada por la Asociación Casa Huerta El Paraíso y ordenó a la empresa Rutas de Lima SAC abstenerse de cobrar peajes en las garitas de la carretera Panamericana Norte a los transportistas. La decisión fue anunciada por el propio PJ en sus redes sociales, donde precisó que la medida alcanza a los peajes de Puente Piedra.
El fallo, emitido por el juez Juan Varillas Solano, del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima, declaró fundada la pretensión de la asociación y dispuso el cierre de las unidades de peaje Chillón. Además, ordenó a la Policía Nacional brindar apoyo para la ejecución de la medida.
La acción legal fue interpuesta por la Asociación Casa Huerta El Paraíso (Puente Piedra) contra Rutas de Lima, la Municipalidad de Lima y Brookfield Asset Management. Con esta resolución, se suspenden provisionalmente los efectos de algunas cláusulas del contrato de concesión firmado en enero del 2013 entre Rutas de Lima SAC y la Municipalidad de Lima, específicamente en lo referido a la tarifa que deben pagar los transportistas.
“Poder Judicial admite la medida cautelar solicitada por la Asoc. Casa Huerta El Paraíso – Puente Piedra, y ordena a la empresa Rutas de Lima SAC se abstenga de cobrar peajes en las garitas ubicadas en la carretera Panamericana Norte a los transportistas”, indicó el PJ en sus redes sociales.
El fallo del Poder Judicial que ordena suspender el cobro del peaje en Puente Piedra se conoció en medio del anuncio de la concesionaria Rutas de Lima sobre el aumento de la tarifa a S/ 7.50, que debía regir desde el martes 30 de enero. El gerente general de la empresa, Miguel Oyarzo, había señalado que el alza era necesaria y que solo se requería cumplir con los requisitos del contrato, entre ellos informar a los usuarios con 10 días de anticipación, por lo que la nueva tarifa se aplicaría recién a fines de mes. La compañía justificó el ajuste argumentando que el último incremento se dio en 2022 y que, en el contexto de la inflación actual en el país, correspondía realizar una actualización.
Ante esta medida judicial, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, calificó la decisión como justa y sostuvo que el contrato firmado con Rutas de Lima restringe la libertad de tránsito de los peruanos. “No es posible que nos obliguen pagar un peaje en la ¨Panamericana Norte, teniendo en cuenta que es la única salida que tienen los vecinos de Ancón para llegar al centro de Lima”, declaró a canal N. El burgomaestre también recordó que diversas asociaciones presentaron medidas cautelares para frenar el cobro de manera inmediata, aunque solo esta fue aceptada y el resto fueron rechazadas.
Pese al fallo, las garitas de peaje Chillón continúan cobrando la tarifa. Así lo constató el propio alcalde de Ancón cuando llegó a esas instalaciones cerca de las 5 de la tarde del viernes 26 de enero de 2024.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya había solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que ordene a la Municipalidad de Lima administrar las garitas de peaje y eliminar el cobro de estos. Según explicó, al traspasar la administración a la comuna, se eliminaría el cobro a los afectados que viven cerca de las garitas.
La preocupación del burgomaestre se da en medio del anunciado aumento del peaje, que pasará a S/ 7.50 desde el martes 30 de enero. López Aliaga advirtió a las autoridades del TC que los montos de dichos tributos han experimentado un aumento progresivo con el tiempo y que los peajes podrían llegar a costar hasta 17 soles, ya que así lo estipula el contrato.
“Empezó con S/ 2.11 pasó a S/ 6.50. Está pasando a S/ 7.50 y se va por lo menos a S/ 17 soles. Esto no lo para nadie porque está en el contrato”, recalcó el alcalde, quien expresó su preocupación porque los incrementos continuarán de forma progresiva.
El fallo judicial que ordena suspender el cobro del peaje en Puente Piedra se da luego de que la concesionaria Rutas de Lima anunciara el aumento del peaje a S/ 7.50 a partir del martes 30 de enero. La medida había generado el rechazo de vecinos y autoridades municipales, quienes han cuestionado de manera reiterada los incrementos aplicados por la concesionaria.
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