El litigio entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) por el puerto de Chancay llegó a su última instancia. La empresa presentó un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) ante el Tribunal Constitucional (TC) para que revise la decisión que dejó sin efecto la sentencia que había declarado fundada su demanda de amparo contra el regulador y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La Segunda Sala Constitucional de Lima, mediante la Resolución N.° 16 del 24 de julio de 2026, concedió el recurso interpuesto por la compañía y ordenó elevar el expediente al TC, tras verificar que cumplía con los requisitos previstos en el Código Procesal Constitucional. El paso dado por Cosco confirma lo que ya se había adelantado a inicios de julio, cuando el abogado de la compañía, Ramiro Portocarrero, señaló a RPP que interpondrían un RAC para que el TC revise el caso, en un intento por revertir el fallo dado a nivel de la Corte Superior.
Revés en segunda instancia
El proceso se originó a raíz de una demanda de amparo presentada por Cosco contra Ositrán y la PCM, con el fin de evitar que el organismo ejerza sus funciones de regulación, supervisión y fiscalización sobre el puerto de Chancay. La empresa alegó en ese momento que, al tratarse de una infraestructura de titularidad privada, el regulador no tenía facultades para supervisar sus operaciones, salvo en lo relacionado con la determinación de tarifas cuando así lo establezca la normativa portuaria.
Sin embargo, la presidenta del regulador, Verónica Zambrano, señaló que Chancay no es un puerto de uso exclusivo, sino de uso público y que es allí donde ese organismo supervisa que cumpla todas las obligaciones y derechos que ellos tienen respecto a sus usuarios.
La disputa entre Cosco Shipping Ports, Ositrán y la PCM llegó a su etapa final. La Segunda Sala Constitucional, mediante la Resolución de Vista N.° 13 del 17 de junio de 2026, revocó el fallo de primera instancia —que el 29 de enero de 2026 había declarado fundada la demanda— y, reformándolo, declaró improcedente el amparo. Ante ello, la empresa acudió al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional (RAC), mecanismo previsto para cuestionar resoluciones de segunda instancia que declaren infundada o improcedente una demanda constitucional.
Como pretensión principal, Cosco pide que el TC anule la sentencia de vista por considerar que vulneró su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y que ordene a la Segunda Sala Constitucional emitir un nuevo pronunciamiento. De manera subordinada, solicita que el propio TC revoque la sentencia de segunda instancia y, resolviendo el fondo, declare fundada su demanda de amparo.
La resolución de la Segunda Sala Constitucional no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia: lo que dispone es conceder el RAC y remitir el expediente al Tribunal Constitucional, órgano que ahora deberá evaluar el caso y emitir una decisión definitiva. Así, el máximo intérprete de la Constitución tendrá la última palabra sobre uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al desarrollo del Puerto de Chancay y la actuación de las entidades involucradas en su supervisión.
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