El borrador del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo de Keiko Fujimori prepara para enviar al Congreso generó preocupación entre especialistas ambientales. El documento, que aún no es definitivo y podría modificarse antes de llegar al Parlamento, incluye un capítulo ambiental que propone otorgar al Ejecutivo facultades para modificar reglas sobre certificación ambiental, reducir plazos, simplificar procedimientos, aplicar el silencio administrativo positivo y revisar las restricciones para actividades económicas dentro de áreas naturales protegidas.
Bajo el argumento de destrabar inversiones, la propuesta plantea cambios que podrían reducir controles, flexibilizar evaluaciones y debilitar salvaguardas para áreas naturales protegidas, territorios indígenas y ecosistemas estratégicos. Para los especialistas consultados por La República, el riesgo es que estas medidas repitan una tendencia de flexibilización iniciada en años anteriores y que termine priorizando la rapidez de los proyectos sobre la prevención de impactos ambientales.
José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, sostiene que la propuesta no plantea un verdadero equilibrio entre inversión y protección ambiental. “Inclina la balanza para que supuestamente las inversiones fluyan”, afirmó. El Ejecutivo plantearía reducir plazos, flexibilizar evaluaciones y aplicar el silencio administrativo positivo en materia ambiental para destrabar inversiones, medidas que, advierten los expertos, podrían debilitar controles, afectar áreas protegidas y generar nuevos conflictos con comunidades indígenas.
La posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales es uno de los puntos que más preocupa a los especialistas. Esta figura, que permitiría considerar aprobadas solicitudes ante la falta de respuesta de la autoridad en un plazo establecido, podría alcanzar, según una de las versiones del borrador revisadas, instrumentos de gestión ambiental vinculados con proyectos en áreas naturales protegidas, territorios indígenas o zonas con restos arqueológicos. “Eso es realmente un despropósito y además nos aleja de las recomendaciones de la OCDE”, afirmó De Echave.
Para el abogado ambientalista Richard O'Diana, trasladar esta herramienta al ámbito ambiental implica un riesgo porque podría favorecer actividades económicas sin una evaluación suficiente de sus impactos. “El silencio administrativo es una figura válida para simplificar procedimientos, pero en materia ambiental tiene otro cariz porque busca proteger un bien común, que es el medio ambiente”, explicó.
Desde 2013, distintos gobiernos han impulsado cambios bajo el argumento de combatir la “permisología”, pero estas reformas terminaron debilitando estándares ambientales y sociales. “El discurso se mantiene y la gran pregunta es hasta dónde se va a seguir desregulando en materia ambiental”, señaló.
Otro punto observado es la modificación de las reglas para actividades dentro de áreas naturales protegidas. El borrador plantea que las restricciones deberán sustentarse en “evidencia científica objetiva y clara”.
La delegación de facultades es un tema central en las críticas de los especialistas. Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó que asuntos de esta relevancia sean regulados mediante ese mecanismo y señaló que “la delegación de facultades tiene carácter excepcional. Las normas que nos van a regir deben debatirse públicamente”.
Para O'Diana, la formulación del borrador podría alterar el enfoque del derecho ambiental al exigir un nivel de certeza que no corresponde con el principio precautorio, que permite actuar frente a posibles daños antes de que sean irreversibles. “Si no hay información clara, se va a privilegiar la actividad privada cuando en el derecho ambiental existe el principio precautorio”, sostuvo. En la misma línea, De Echave cuestionó que se busque flexibilizar mecanismos creados justamente para preservar ecosistemas estratégicos: “Es flexibilizar al máximo los mecanismos que existían para proteger precisamente estos ecosistemas”, afirmó.
En cuanto a los pueblos indígenas, aunque el borrador no modifica expresamente la Ley de Consulta Previa, la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos podría afectar la participación de comunidades en proyectos extractivos desarrollados sobre sus territorios. El abogado del IDL explicó que muchas actividades mineras, petroleras y gasíferas se desarrollan en territorios indígenas y que los estudios de impacto ambiental requieren evaluaciones complejas que no pueden reducirse únicamente por razones de rapidez. O'Diana añadió que, aunque la consulta previa no está siendo modificada directamente, una reducción de tiempos podría afectar otros mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas vinculadas a estudios ambientales.
Los especialistas advierten que el debilitamiento de la protección ambiental podría intensificar los conflictos en territorios donde ya existen tensiones por actividades extractivas. En esa línea, De Echave recordó que más de la mitad de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo son de carácter socioambiental, y alertó que una menor protección de territorios y derechos indígenas podría agravar la situación. “Una desprotección de los territorios, de los derechos de los pueblos indígenas y orientada a que los proyectos de inversión se agilicen va a provocar una situación de tensión social en muchos territorios”, afirmó. Desde otra perspectiva, O'Diana cuestionó que la reducción de controles se presente como una vía para destrabar inversiones. A su juicio, el problema no radica únicamente en los permisos, sino en la falta de mejoras en los mecanismos de participación, planificación y relación con las comunidades. El pedido de facultades, no obstante, aún puede modificarse antes de su presentación al Congreso. Para los especialistas, el debate ya está planteado: se trata de decidir si el Ejecutivo avanzará hacia una nueva etapa de flexibilización ambiental o si fortalecerá una institucionalidad que, advierten, viene debilitándose desde hace más de una década.
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