El proyecto de ley señala de manera puntual las normas que considera un retroceso normativo. En total son siete: la Ley N.° 31751, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal para poner un límite temporal a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal; la Ley N.° 32104, que precisó la aplicación de ese límite y ordenó su uso retroactivo cuando favorezca al imputado; la Ley N.° 31989, que restringió las medidas de intervención e incautación de explosivos usados en actividades de minería ilegal; y la Ley N.° 31990, que fijó un plazo máximo de ocho meses para tramitar los procesos de colaboración eficaz, prorrogable hasta por ocho meses adicionales en casos de crimen organizado.
La lista continúa con la Ley N.° 32054, que excluyó a las organizaciones políticas del régimen de responsabilidad administrativa que sí aplica a otras personas jurídicas; la Ley N.° 32108, que endureció los requisitos para definir jurídicamente una organización criminal y condicionó los allanamientos a la presencia del investigado o su abogado; y la Ley N.° 32130, que trasladó parte de la conducción de las investigaciones preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional del Perú.
Para sustentar la urgencia de la medida, el texto recurre a cifras del Ministerio Público citadas en el documento: entre enero y junio de este año se registraron más de 12 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un promedio cercano a 70 casos por día. La diputada sostiene que ese escenario contrasta con la reducción del presupuesto del Ministerio del Interior para 2026, que cayó 10% en términos reales.
¿Por qué la diputada pide derogar estas normas?
El sustento jurídico del proyecto se apoya, entre otros documentos, en las sentencias 83/2026 y 84/2026 del Tribunal Constitucional, emitidas en febrero de este año sobre la Ley 32130. Si bien el TC no declaró inconstitucional esa norma, sí estableció un criterio relevante: el Ministerio Público debe conservar la conducción jurídica de toda investigación desde el inicio, sin que la Policía actúe de manera autónoma. Para la diputada, ese fallo evidencia que la ley generó tensiones entre fiscales y policías, y que esas diferencias se resuelven mejor con la derogación que con simples interpretaciones judiciales.
La exposición de motivos también recoge el Acuerdo Plenario N.° 05-2023/CIJ-112 de la Corte Suprema. Ese pronunciamiento cuestionó la Ley 31751 porque, a juicio de los jueces supremos, el plazo fijo que impuso para la prescripción carecía de antecedentes tanto en el derecho peruano como en el derecho comparado. La Corte Suprema incluso exhortó a los jueces del país a aplicar el control difuso cuando la norma resultara incompatible con la Constitución. El proyecto retoma ese argumento para afirmar que la ley debe salir del ordenamiento legal de forma definitiva.
Según el texto, estas siete normas no surgieron de manera aislada. Todas se aprobaron en un periodo en que aumentaron la extorsión, la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal, delitos que —de acuerdo con el documento— exigen investigaciones prolongadas, pericias especializadas y cooperación entre instituciones. La diputada sostiene que, frente a ese escenario, el Congreso optó por recortar las herramientas legales disponibles para combatir precisamente esos crímenes.
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