La empresa de transporte público Translima suspendió por completo sus operaciones después de que un sujeto lanzara un artefacto explosivo contra uno de sus buses en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en San Martín de Porres. El propio agresor grabó el atentado y envió el video por WhatsApp a los trabajadores de la compañía.
De acuerdo con la información oficial, el responsable registró en video el momento del ataque y posteriormente hizo llegar las imágenes a los teléfonos celulares de choferes y cobradores. Los trabajadores indicaron que el explosivo llevaba la firma de la organización criminal denominada ‘Centauro’, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables.
La empresa decidió detener por completo el servicio al considerar que las amenazas y los ataques ya no permiten garantizar la seguridad de sus conductores, cobradores y pasajeros. Representantes de Translima señalaron que la empresa opera con una flota de 60 buses y que, desde el año pasado, paga S/55 diarios por cada unidad a cuatro organizaciones criminales identificadas como ‘Centauro’, ‘Tren de Aragua’, ‘Los Norteños’, ‘Los Papis’ y ‘Los Albaneses’. Según explicaron, esos pagos se realizaban para evitar atentados contra el personal.
Los trabajadores denuncian ser víctimas de extorsiones por parte de seis organizaciones criminales que les exigen pagos diarios y fuertes sumas de dinero para permitir que sus unidades continúen prestando servicio.
El atentado con explosivos en San Martín de Porres habría sido la respuesta a la negativa de Translima de aceptar las nuevas exigencias económicas, según denunciaron los representantes de la empresa. En las últimas semanas, dos organizaciones criminales más se sumaron a las que ya venían extorsionando a la compañía. Una de ellas pidió S/30 000 como cuota de inscripción y S/20 diarios por cada vehículo; la otra exigió S/50 000 por el mismo concepto y un pago diario de S/15 por unidad. Los transportistas señalaron que la acumulación de estos cobros terminó haciendo inviable mantener el servicio.
La violencia contra Translima, sin embargo, no es nueva. El 21 de junio de 2025, delincuentes asesinaron al conductor Marcial Oré Huatuco cuando salía del depósito ubicado entre las avenidas Izaguirre y Bertello para iniciar su jornada laboral. Dos meses después, otro chofer de la misma empresa murió en un ataque armado en la zona limítrofe entre San Martín de Porres y el Callao. Ya el 28 de julio de este año, un bus de la línea 18 recibió varios disparos mientras recorría Carabayllo con pasajeros a bordo, aunque en esa ocasión no se registraron fallecidos ni heridos de gravedad.
Frente a este panorama, los transportistas solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas y un mayor despliegue policial en los paraderos iniciales y finales de sus rutas para enfrentar a las organizaciones criminales que los tienen marcados por la violencia.
En el marco de la nueva estrategia de seguridad contra el crimen organizado, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció que los operativos contra la extorsión en el transporte público serán permanentes y se ejecutarán a diario en las zonas consideradas críticas. Durante una intervención en Puente Piedra, efectivos policiales, junto con la ATU y el Ministerio Público, capturaron a tres presuntos extorsionadores; uno de ellos contaba con antecedentes por extorsión y tenencia ilegal de armas. Arriola precisó que se mantienen las coordinaciones con las Fuerzas Armadas como parte del plan de seguridad anunciado por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales. El anuncio se da tras el reciente atentado contra un bus de Translima, empresa que ha recibido amenazas de seis bandas delincuenciales.
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