El Tribunal Constitucional acaba de anular el caso de los aportes de campaña al Partido Nacionalista en los comicios de 2006 y 2011, un fallo que constituye un papelón de aquellos y un duro golpe al Equipo Especial que lideró el antes poderoso e idolatrado Rafael Vela Barba, con sus subordinados Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez. Este último, recordado por su paso por el caso, hoy se ha convertido en pintoresco político y abogado del golpista Pedro Castillo, luego de ser echado por la puerta falsa del Ministerio Público.

Más allá de que el expresidente Ollanta Humala caiga bien o mal, que aún tenga asuntos que aclarar ante la justicia y que desde el poder haya perseguido a sus rivales políticos (¿se acuerdan de la “megacomisión” o de cómo echó de la Marina a un entonces contralmirante solo por apellidarse Giampietri?), queda claro que desde el punto de vista jurídico –el ético es otra cosa– ha sido objeto de una tremenda injusticia que pinta de cuerpo entero el desastre que son el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El caso de Humala y compañía se suma al que tuvo como personaje central a la actual presidenta Keiko Fujimori, quien también purgó prisión preventiva por un caso que jamás debió existir. En ambas situaciones fallaron tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, por igual, y sus integrantes deberían responder penal y administrativamente por eso. No se puede perseguir, hostilizar, embargar propiedades y meter presa a la gente, sin que haya consecuencias.

¿Es justo que quien desgració a mucha gente con el Caso Cocteles, como Pérez, hoy ande feliz casi como protagonista de memes y programas cómicos, y hasta sea el nuevo jale de Juntos por el Perú? La pregunta cae de madura cuando se recuerda que, hace pocas horas, cayó la banda que robó armas en una tienda de Santiago de Surco, en la zona de El Trigal, y no debería sorprendernos que en los próximos días veamos en libertad a los arrestados porque tienen “trabajo fijo, familia y casa propia”.

El Ministerio Público y el Poder Judicial, sin duda, tienen que ser objeto de una limpieza: si en serio pensamos luchar contra la corrupción y la criminalidad, no podemos seguir con elementos como los vistos en estos casos. Por eso, volviendo al punto inicial, debe existir un mecanismo que, aunque en el papel ya existe, en la práctica es letra muerta, para que jueces y fiscales ineptos y politizados como Vela Barba y compañía respondan por sus actos y, de ser el caso, con dinero de su bolsillo y no de las arcas públicas.

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