El gobierno peruano concretó ayer la expulsión de tres venezolanos vinculados al ‘Tren de Aragua’, quienes fueron enviados de regreso a su país. La acción contrasta con lo ocurrido hace cinco años, cuando la administración de Pedro Castillo intentó subir a decenas de venezolanos en situación ilegal a un avión, pero la operación nunca se concretó por falta de coordinación. Una diferencia abismal.

Frente a esta realidad, la exigencia es clara: perseguir sin tregua a quienes llegaron al país para extorsionar, secuestrar, asaltar y matar a gente trabajadora. El llamado es a buscarlos en locales de baile, negocios, calles y casas, y a cerrar las fronteras a estos hampones.

En otro frente, el indulto al expresidente Alejandro Toledo sigue sin resolverse. Aunque está probado que fue un corrupto y una decepción como mandatario, dejarlo morir encarcelado resulta una maldad. Con cáncer y poco tiempo de vida, lo más humano sería enviarlo a su casa, incluso con grilletes.

Mientras tanto, México y Perú avanzan en el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas tras la detención de Pedro Castillo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha pedido que se otorgue el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, y lo más sensato sería dejarla ir, pues la amistad con el gigante latinoamericano pesa más.

Finalmente, una denuncia grave sacude a la Municipalidad de Lima: hace dos años emitió bonos de deuda municipal por 4 mil millones de soles para financiar obras, pero los intereses que paga superan lo que recibe por el dinero inmovilizado en un banco. Los proyectos de inversión apenas se cumplieron en un 25%, y solo el año pasado los intereses alcanzaron los 152 millones de soles.

El lugar de la memoria

Las visitas al Lugar de la Memoria (LUM) se han cuadriplicado en las últimas semanas, después de que se difundiera en redes que el gobierno de Keiko Fujimori planeaba cerrarlo. En lugar de optar por el cierre, lo pertinente sería reformular su narrativa: el Perú fue atacado por grupos terroristas, no atravesó una guerra civil ni algo parecido, y la defensa corrió por cuenta de la Policía, los militares, la sociedad civil y los ronderos.

No le entran balas

El exfiscal José Domingo Pérez sostiene que no tiene responsabilidad por los 472 días que Ollanta Humala pasó en prisión, aunque fue él mismo quien pidió su encierro. Tampoco reconoce que se equivocó al tipificar los supuestos delitos de Humala, Keiko y PPK, figuras que no existían en el Código Penal. Tremendo fresco, ayayay…

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