El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, admitió este martes que el sistema de lavado de activos del Ministerio Público “prácticamente ha fracasado” y anunció una reorganización integral que implicará el cambio de “la gran mayoría de fiscales, casi a todos”. En declaraciones a Canal N, Gálvez sostuvo que las indagaciones se enfocaron en hechos que no serían delictivos y que incluso se habrían ejecutado persecuciones políticas, mientras que los casos donde sí existían méritos para investigar por lavado de activos fueron desatendidos.
“Vamos a cambiar a la gran mayoría de fiscales, casi a todos. Inclusive a los que tengan el título de fiscal de lavado de activos, porque, si ya han mostrado ineficacia e ineficiencia, no pueden continuar en esa situación; por eso se va a redefinir. Casos como Ollanta Humala y Keiko Fujimori no se van a repetir”, sentenció la máxima autoridad del Ministerio Público, quien respaldó las observaciones contenidas en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.
Gálvez recordó que, desde que asumió el cargo, apartó a los fiscales que integraban los equipos especiales del caso Lava Jato y designó a Juárez Atoche como coordinador del sistema, en reemplazo de Rafael Vela, por considerar que realizaba un trabajo razonable. No obstante, precisó que Juárez se encuentra actualmente suspendido tras habérsele imputado una actuación indebida en el marco de una investigación, lo que refuerza la necesidad de redefinir por completo el sistema.
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, anunció la reorganización del sistema de lavado de activos tras cuestionar los resultados del equipo Lava Jato y respaldar el informe de la Defensoría del Pueblo, según difundió Canal N en su cuenta oficial de X. En ese marco, el titular del Ministerio Público señaló que la Ley Orgánica de su institución se encuentra obsoleta y adelantó que enviarán propuestas de reforma a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, quien ha manifestado dentro de su plan de gobierno la intención de reformar el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia. El objetivo es que dichas propuestas puedan ser incorporadas en los decretos legislativos que el Ejecutivo emita en el futuro.
Respecto a las deficiencias del actual sistema, Gálvez sostuvo que, para iniciar válidamente una investigación por lavado de activos, es necesario identificar un bien o activo sospechoso y vinculado con una actividad criminal previa que explique su origen. Según indicó, en el pasado bastaba con detectar una transferencia bancaria para abrir investigaciones, sin observar de manera escrita el principio de legalidad, lo que habría generado perjuicios a diversas personas.
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