Juez cuestionado por múltiples denuncias paraliza venta del Grupo El Comercio

Una resolución del 30 de junio de 2026, emitida por el juez Juan Gustavo Varillas Solano del Séptimo Juzgado Civil de la subespecialidad Comercial de Lima, ha puesto en pausa la venta del Grupo El Comercio. La medida cautelar de no innovar, dictada fuera de proceso, impide que la empresa conozca los términos de la demanda hasta que concluya el litigio.

La decisión beneficia a los accionistas minoritarios Hernández López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva, quienes deberán iniciar, en un plazo de diez días, un proceso de arbitraje contra Empresa Editora El Comercio. El tribunal arbitral, según lo ordenado, debe instalarse en un máximo de tres meses o 90 días.

Lo que más llama la atención de la Resolución Número Uno es la contracautela impuesta: una carta fianza por 50.000 dólares para suspender una operación que ronda los 50 millones de dólares. Las normas procesales exigen que el respaldo económico compense el riesgo de la transacción que se busca evitar, y esta desproporción ya ha sido cuestionada por la Fiscalía y la Procuraduría del Estado en otros casos controvertidos que pasaron por ese juzgado.

El magistrado Varillas Solano no es un desconocido para las instancias de control. Acumula múltiples denuncias de ciudadanos y litigantes afectados, cuestionamientos de la Procuraduría del Estado, acusaciones de la Fiscalía y procesos en trámite tanto en la Corte Superior de Lima como en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La Autoridad de Control del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el propio Poder Judicial deberían evaluar y neutralizar sus decisiones, según los antecedentes que rodean al juez.

El peligro de sus medidas cautelares de no innovar ha sido señalado en repetidas ocasiones por diversos sectores, dado el historial de procesos disciplinarios y penales que enfrenta el magistrado por decisiones adoptadas en el mismo despacho.

La Procuraduría General de la República también lo tiene fichado. Los procuradores han promovido una serie de denuncias penales y procesos administrativos disciplinarios en su contra. La institución lo acusó de emitir en 2019 medidas cautelares de no innovar a favor del contratista Consorcio Salud Tacna para impedir que el Gobierno Regional de Tacna resuelva el contrato y reclame el pago de las cartas fianza de una obra con un retraso del 79,89%, hasta que se resuelva un arbitraje.

El juez comercial también es mencionado en La red Orellana, vinculada al tráfico de arbitrajes y medidas cautelares, con pagos de hasta 30 mil dólares por resolución; en Los Cuellos Blancos del Puerto, donde en un audio el prófugo exjuez César Hinostroza le solicita atender a un abogado amigo a cambio de apoyarlo en su ascenso; y en el caso Oncoserv, sobre medidas cautelares de retención y pago anticipado que obligaron al Gobierno Regional de Arequipa a pagar más de 8,5 millones de dólares. También dictó una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que suspendió los contratos de transmisión televisiva de varios clubes con el Consorcio Gol Perú por los derechos de TV en la Liga 1, y admitió la demanda de la asociación Casa Huerta El Paraíso - Puente Piedra para suspender el cobro de peaje por parte de la empresa Rutas de Lima en el Peaje Chillón.

De acuerdo con reportes del Ministerio Público, Varillas registra ocho investigaciones penales en curso desde 2019 hasta la fecha, por delitos como prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho activo transnacional (internacional), hurto agravado, lavado de activos (en la modalidad de conversión y transferencia) y cohecho activo. De esos ocho casos, tres han pasado al Poder Judicial en calidad de imputado y se tramitan ante el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por delitos de cohecho pasivo impropio (soborno), lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a proceso en trámite. Son hechos por los cuales diversas fuentes muestran sorpresa de que Varillas Solano continúe en funciones.

La Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna también cuestionó que el magistrado impusiera una contracautela de solo un millón de soles para resguardar una obra que demandaba una inversión de 279 millones de soles. En un escrito presentado el 5 de diciembre de 2020, los procuradores preguntaron: «¿Un millón de soles puede garantizar y reparar perjuicios ocasionados por la medida cautelar, ante una obra que tiene una inversión de 279 millones?». Hasta ahora, aseguran, no han obtenido respuesta.

El historial de Varillas Solano incluye otras medidas cautelares emitidas sin el debido fundamento jurídico, según la Procuraduría. Estas decisiones impidieron el cobro de cartas fianza en los casos del Hospital Huarmaca y Huancabamba (Piura), el Hospital Lorena (Cusco) y el Hospital de Chala (Arequipa), este último con fondos comprometidos por 600 millones de soles. Se trataba, en todos los casos, de obras paralizadas por más de 10 años.

A pesar de ese amplio historial, a nivel disciplinario el juez solo ha recibido una suspensión de seis meses y dos multas equivalentes al 12 % de su haber, una suma ínfima frente a los montos de las demandas en los procesos cuestionados, que superan miles de millones de soles tanto en el Perú como en el extranjero. Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia guardan silencio y permiten que Varillas Solano siga operando en el séptimo Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Lima, pese a que otros jueces han sido suspendidos por solo cantar en un evento privado.

En el plano penal, el 4 de febrero de 2019, el Segundo Juzgado Superior de Investigación Preparatoria —en una decisión confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema— le impuso, junto al destituido Salazar Laynes, un mandato de comparecencia restringida con el cumplimiento de tres reglas de conducta y el pago de una caución de 15 mil soles. Las reglas fueron: no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial previa; presentarse ante la autoridad cada 30 días; y no acercarse al empresario Eddy Luis Manfreda Geraldino.

De las multas aplicadas, una fue por no haber atendido "diligentemente el juzgado a su cargo" y otra por una queja presentada por Repsol Exploración Perú tras haber aprobado "insólitos importes por costos procesales" durante un laudo arbitral entre dicha empresa y Helicopter Transport Services del Perú S.A.C.

El 7 de marzo de 2024, el magistrado fue suspendido por seis meses. La medida se adoptó tras tramitar de forma “exprés” y “automática” una medida cautelar solicitada por Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esa acción dejó sin efecto los contratos de transmisión de la Liga 1 (2023) que Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano mantenían con el Consorcio Fútbol Peruano (GolPerú). Al término de la suspensión, Varillas retornó al séptimo Juzgado Civil Subespecialidad de Derecho Comercial de Lima.

El arbitraje sigue en curso, aunque con el tiempo los clubes terminaron aceptando las condiciones impuestas por la FPF, que es justamente el objetivo de fondo que persiguen estas medidas cautelares de no innovar. Una fianza de 50 mil dólares no debería tener la capacidad de frenar un acuerdo comercial valorizado en varios millones de dólares. La justicia no puede convertirse en una lotería con las cartas marcadas.

En el Ministerio Público, el juez Juan Gustavo Varillas Solano acumula un listado de denuncias. Los reportes abarcan nueve páginas, que se detallan a continuación.

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