La gobernadora Jenniffer González firmó dos órdenes ejecutivas que declaran el estado de emergencia en Puerto Rico ante el avance de una sequía severa que ya cubre el 25% del territorio y afecta de forma moderada a otro 36%, según cifras oficiales. La segunda de esas disposiciones moviliza a la Guardia Nacional para colaborar en el acarreo, distribución y purificación del agua, mientras que la primera establece medidas de conservación y administración de los recursos hídricos.

La crisis, que amenaza el suministro y la actividad económica, mantiene bajo presión a los embalses de la isla por la disminución de las lluvias y el avance del fenómeno de El Niño. Las agencias gubernamentales quedaron autorizadas a identificar fondos estatales y federales para mitigar los efectos, priorizando el consumo ciudadano y los servicios esenciales. Además, podrán adquirir cisternas, tanques y equipos de almacenamiento.

La mandataria dispuso reuniones semanales para monitorear la evolución de los embalses y la efectividad de las acciones. Mientras tanto, el Gobierno realizará monitoreos constantes en busca de contener una crisis que ya golpea a las familias: en San Juan se denuncian hasta 118 días sin agua.

Puerto Rico activó un plan especial para enfrentar la crisis hídrica provocada por la sequía, con órdenes ejecutivas que movilizan a la Guardia Nacional

Familias denuncian hasta 118 días sin agua en San Juan

Mientras el gobierno activa los protocolos de emergencia, la realidad en el barrio Machuchal y la calle Loíza, en la capital, es más cruda y anterior. Una bitácora digital compartida por casi un centenar de vecinos contabilizó 118 días con las tuberías secas en lo que va de 2026. "Otra vez sin agua" y "Difícil vivir en este barrio y no mudarse" son algunos de los mensajes que dejaron en la herramienta.

La coalición Exigimos Agua convocó una manifestación programada para el 4 de agosto. Alfredo Cuyar, uno de sus líderes, atribuye parte del malestar al mal manejo de las válvulas de los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). "Este grupo que ha entrado tiene una teoría, que es que el acueducto debe funcionar por sí solo, como si fuera un sistema moderno que se reajusta solo, y que ellos no van a estar utilizando personal para abrir y cerrar válvulas. En ese mal manejo han dejado a esta zona sin agua repetidamente. Estamos desesperados", dijo.

Ángeles Acosta, psicóloga clínica de 75 años, describió a EL PAÍS la rutina que enfrenta. "Llevo 26 años viviendo aquí y yo nunca había visto una situación como esta", afirmó. La mujer llena galones cuando sale un chorrito en el jardín y los traslada hasta un depósito en el baño de su apartamento, en un tercer piso. Para sobrellevar los cortes, gastó US$2.000 en una cisterna con bomba y presurizador. "Pero no todo el mundo tiene esa capacidad económica", reconoció.

El ingeniero Carlos Pesquera, encargado por el jefe de la AAA, Luis González, de elaborar un informe sobre el sistema hídrico, señaló a EL PAÍS que la crisis actual combina dos frentes urgentes. "De lo más apremiante, tenemos dos factores que estamos atendiendo ahora: uno es la situación con la infraestructura básica y el otro es un componente que se añade, que es el tema de una sequía meteorológica. La escasez de lluvia acentúa ahora el problema que veníamos arrastrando durante el último año", detalló. En esa línea, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno de El Niño se intensificará entre agosto y octubre, lo que anticipa temperaturas superiores a la media y alteraciones en los patrones de precipitaciones. Según el último informe de la AAA, la mayoría de los embalses de Puerto Rico permanecen en niveles de seguridad u observación.

Mientras tanto, el alcalde de San Juan, Miguel Rodríguez, del mismo partido que la gobernadora, demandó a la AAA exigiéndole soluciones. González atribuyó los fallos al desgaste de la infraestructura hídrica y a trabajos de mejora que debieron concretarse años atrás. Pesquera puso el foco en el Superacueducto, una tubería inaugurada hace 26 años que abastece a 15 municipios del área metropolitana. "El Superacueducto tiene una situación particular y es que no tiene redundancia; si se rompe el tubo, se rompió. Es decir, tenemos un problema serio", afirmó. El experto subrayó que nunca se ha hecho una evaluación interior del ducto y que el sistema de protección anticorrosión lleva años sin funcionar. La AAA anunció un plan para colocar un robot que analice la estructura, pero Pesquera recordó que en un intento anterior el aparato desapareció dentro de la tubería.

Millones de galones perdidos por tuberías rotas

El desafío de fondo, según el ingeniero, es ejecutar con agilidad los fondos federales antes de que las oportunidades se diluyan, aunque la gobernadora ya ha anunciado proyectos de modernización por al menos US$7.000 millones. "No es un problema imposible de resolver. Es necesario darle certeza a la gente. Primero la estabilidad del sistema para todo el mundo, y luego que podamos contar con proyectos nuevos, porque si no, la economía se nos cae", advirtió.

Mientras tanto, la junta de control fiscal detalló en un informe que la AAA produce unos 513 millones de galones diarios y pierde cerca de 267 millones en filtraciones. El jefe de la corporación rechazó esa cifra y la ubicó en torno al 40%, aunque admitió que el nivel de desperdicio sigue siendo alto. Esa agua no facturada representa pérdidas de US$98 millones al año solo por el costo de producción.

Pesquera calcula que dos plantas clave en el área metropolitana, Sergio Cuevas y Enrique Ortega, podrían elevar su producción en 50 millones de galones al día cuando concluyan las mejoras en marcha, equivalentes al 20% de la demanda actual en esa región. Las pequeñas y medianas empresas, en tanto, estimaron en julio pérdidas diarias de hasta US$20 millones por las interrupciones del servicio.

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