La confianza ciudadana en las instituciones se ha visto debilitada en los últimos quince años por una serie de actuaciones fiscales y judiciales que desnaturalizan figuras jurídicas concebidas como excepcionales. El uso frecuente de la prisión preventiva en casos de alto perfil mediático es un ejemplo claro: lo extraordinario se ha convertido casi en regla.

Esta dinámica también alcanza al principio de legalidad, cuya flexibilización ha obligado al Tribunal Constitucional a corregir decisiones de la justicia ordinaria que vulneran derechos, como ocurrió en casos emblemáticos que marcaron la agenda política reciente. Pero la politización no se detiene ahí: cuando el litigio deja Palacio de Justicia y se traslada a los medios, las filtraciones de investigaciones que deberían ser reservadas y las declaraciones públicas de fiscales y jueces configuran una suerte de “proceso paralelo” que condiciona la percepción ciudadana y el desarrollo de los juicios.

La independencia de la justicia no solo se cumple cuando esta es autónoma del poder político; también exige que los operadores actúen con prudencia, objetividad y respeto al debido proceso. De lo contrario, los agraviados no son únicamente los investigados y procesados, sino todos los ciudadanos, quienes a largo plazo somos los verdaderos afectados en nuestra aspiración de vivir en democracia.

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