El nuevo Congreso bicameral tiene sobre la mesa, desde el día uno, un caso que pondrá a prueba si romperá con la tradición de protegerse entre pares. La detención en flagrancia del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú – JP), acusado de presunta agresión física y psicológica contra su expareja, podría convertirse en un temprano parteaguas para definir si el Legislativo continuará con el proteccionismo del periodo anterior o si será firme con sus propios miembros.

La bancada y el partido Juntos por el Perú ya anticipan un doble rasero. Mientras piden para Pérez Mallqui debido proceso y aseguran que decidirán al final de las investigaciones, suspendieron de inmediato a Silvana Robles por no mostrar su voto en la elección de la presidencia de la Cámara de Senadores. No se les puede pedir mucho: permitieron la candidatura del diputado pese a que registra sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración. En 2024, además, atropelló ebrio a una madre y a su hija de siete años en Pichari, se dio a la fuga y se negó a identificarse.

El Parlamento pasado desaforó a Freddy Díaz cuando la denuncia por violación era imposible de ignorar y sacó a María Cordero Jon Tay cuando las pruebas de “mochasueldo” eran incuestionables, pero nunca mostró iniciativa y siempre actuó tarde. Esta vez la exigencia es distinta: que actúen con consecuencia y no empiecen mal su gestión.

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