El caso del diputado Julián Luis Pérez Mallqui pasó a manos de la Fiscalía Suprema de Familia, que dispuso abrir investigación preliminar en su contra por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. La denuncia fue presentada por Laura Bonilla Valerio, quien figura como agraviada en el proceso.
El fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova ordenó 15 diligencias urgentes, entre las que destacan el examen médico legal a la víctima y la declaración del legislador de Juntos por el Perú, quien deberá comparecer junto a su abogado defensor.
Antes de llegar a la Fiscalía Suprema, el expediente estuvo en manos de una fiscalía especializada en violencia contra la mujer de Lima Centro. El fiscal Dany Domingo Irrazabal Bardales revisó el caso el 30 de julio y determinó que no le correspondía continuar con la investigación, debido a que el denunciado es congresista. Por ese motivo, remitió el expediente a la Fiscalía Suprema de Familia, la única instancia facultada para investigar a un parlamentario en este tipo de procesos.
Diputado de Juntos por el Perú permanece detenido desde este jueves 30 de julio. Foto: La República
La Fiscalía Suprema, a través del fiscal Arce Córdova, ordenó una serie de diligencias con un plazo de 15 horas para su cumplimiento. Entre ellas, la Policía deberá tomar declaraciones a los agentes que intervinieron a Pérez Mallqui, buscar testigos, revisar el lugar de los hechos y solicitar las cámaras de seguridad si las hubiera. Además, se dispuso que Bonilla Valerio relate con detalle cómo ocurrieron las agresiones y qué vínculo mantuvo con el investigado.
En paralelo, el fiscal pidió dos exámenes médicos: uno para verificar el estado físico de la mujer agredida y otro para el propio detenido, con el fin de contrastar la versión de la Policía. A ello se suma una evaluación psicológica para la víctima y una ficha de riesgo que mida la posibilidad de que la violencia se repita. El Centro de Emergencia Mujer de la zona también deberá brindarle atención integral.
El parlamentario permanece detenido en la comisaría de San Miguel desde la mañana del jueves, luego de que los efectivos lo intervinieran tras una denuncia de su expareja por violencia psicológica. Mientras la mujer aguardaba en la comisaría, los agentes escucharon ruidos provenientes de la oficina donde el legislador esperaba sentado. Al acercarse, lo hallaron golpeándola. El comisario a cargo constató marcas en los brazos de la víctima y ordenó la detención inmediata del diputado.
La bancada de Juntos por el Perú recién se enteró del caso cuando se hizo público: el senador Jaime Quito dijo a RPP que no sabían nada de la denuncia ni de la detención hasta ese momento, y pidió que los hechos se esclarezcan por completo y que la investigación termine lo antes posible. En la misma línea, el senador Víctor Cutipa calificó el caso como "cuestionable y, si quieres, condenable" en términos generales, aunque evitó adelantar una postura sobre los hechos concretos hasta conocer más detalles. Horas después de la detención, la bancada emitió un comunicado oficial en el que rechazó "toda forma de violencia", remarcó su compromiso con el debido proceso y anunció que hará seguimiento cercano a las diligencias fiscales y que evaluará medidas disciplinarias internas según lo que arroje la investigación.
En paralelo, la situación del diputado detenido recién se definirá cuando terminen todas las diligencias y la Policía entregue su informe. Antes de eso, la fiscalía pidió revisar los antecedentes judiciales, penales y policiales de Pérez Mallqui, además de copias de cualquier medida de protección que haya existido antes entre las partes. Los documentos principales del caso irán también a un juzgado de familia, que deberá decidir si dicta medidas de protección para la denunciante.
La bancada de Juntos por el Perú ya activó su protocolo ante el caso: un abogado del partido se apersonó a la comisaría de San Miguel para conocer de cerca la denuncia contra Pérez Mallqui. Mientras tanto, el vocero Ernesto Zunini fue quien adoptó la postura más dura y adelantó que pedirán la máxima sanción si se confirma la agresión física o psicológica. La agrupación tiene previsto reunirse para definir los siguientes pasos, entre ellos la conformación de una comisión de Ética que evalúe una eventual suspensión del legislador durante el tiempo que dure la investigación.
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