Un atentado con explosivos contra la vivienda de la empresaria Bertha Padilla, expresidenta de la Cámara de Comercio de Jaén, en Cajamarca, ha reavivado las críticas hacia las autoridades por el avance de la extorsión en la provincia. Según la familia, el ataque estaría vinculado a amenazas extorsivas contra el hijo de Padilla, representante de un consorcio que ejecuta una obra de pavimentación en la ciudad. La detonación no dejó heridos, pero causó severos daños materiales.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto: un hombre con gorra blanca, casaca gris y el rostro cubierto se acercó a la puerta principal del inmueble, dejó el artefacto explosivo y huyó del lugar. Segundos después, la explosión destruyó la puerta de ingreso, reventó los vidrios y afectó parte de la fachada y el jardín de la casa, ubicada en el sector Las Flores.
Al momento del ataque, dentro del inmueble se encontraban varios integrantes de la familia, entre ellos una menor de edad. Aunque no hubo víctimas, el estallido generó momentos de angustia entre los presentes y movilizó a los vecinos, que salieron a observar los daños ocasionados.
Los familiares aseguran que el atentado no fue un hecho aislado. Sostienen que el hijo de Bertha Padilla ya venía recibiendo mensajes extorsivos, presuntamente desde que la empresa que representa obtuvo la adjudicación de una obra de pavimentación en la ciudad. “Ya desde que escuchamos la explosión nos imaginamos que se trataba de aquí de la casa y que era un explosivo. (...) Se han venido recibiendo amenazas”, relató un familiar.
YA HABÍAN SIDO AMENAZADOS
Días antes del atentado, el representante legal del Consorcio Financista Nuevo Jaén había remitido una carta notarial al alcalde provincial para informar que recibía amenazas de muerte y mensajes extorsivos, además de solicitar medidas de protección para garantizar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la movilidad urbana en el cercado de Jaén.
En el documento, el consorcio también dejó constancia de que las amenazas no solo comprometían su seguridad, sino la de los profesionales, técnicos y trabajadores que participarían en la obra. Pese a ello, expresó su decisión de continuar con el proyecto y solicitó a la Municipalidad Provincial de Jaén, la Policía Nacional y las demás autoridades adoptar acciones concretas para proteger a todas las personas involucradas. Ahora, tras conocerse ese escrito, será el Ministerio Público y la Policía Nacional los que determinen si existe una relación directa entre las amenazas denunciadas previamente y el atentado contra la vivienda de Bertha Padilla.
Las primeras investigaciones indican que el hombre captado por las cámaras llegó acompañado por otro sujeto a bordo de una motocicleta. Tras colocar el explosivo en la puerta principal, ambos escaparon antes de la detonación. La demora en la respuesta de las autoridades también fue cuestionada por la familia, que denunció que la Policía llegó al lugar aproximadamente tres horas después del atentado para realizar las diligencias. “La gente no se ha aparecido acá hasta las seis de la mañana, ya tres horas después, que han venido, han tomado sus fotos, han hecho su parte y eso ha sido todo. Ahora estamos desprotegidos”, manifestó un familiar.
“NO LES TENGO MIEDO”
Durante una reunión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), Bertha Padilla afirmó que el problema de las extorsiones afecta a diversos empresarios que ejecutan obras en Jaén y aseguró que quienes exigen dinero no representan a organizaciones sindicales. “No son sindicatos, son delincuentes”, afirmó al referirse a las personas que, según indicó, envían mensajes de WhatsApp con imágenes de armas para intimidar a los contratistas.
Mientras las investigaciones intentan determinar si las amenazas previas derivaron en el ataque contra su vivienda y quiénes fueron los responsables del atentado, la empresaria aseguró que no retrocederá y que continuará denunciando estos hechos. “Yo no les tengo miedo; si me toca morir, moriré, será la voluntad de Dios”, expresó. En paralelo, junto con la Cámara de Comercio y otros ciudadanos, impulsa un memorial para solicitar al Gobierno el envío de un grupo especializado en la investigación de extorsiones, al tiempo que pidió una respuesta más firme de las autoridades.
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