El expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad este martes tras permanecer 15 meses en el penal de Barbadillo. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de 15 años de prisión efectiva que pesaba en su contra por el delito de lavado de activos, lo que permitió su excarcelación.
Con la voz quebrada y frente a la prensa, el exmandatario denunció persecución política y judicial, y negó haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS o de Venezuela para sus campañas electorales del 2006 y el 2011. “El 15 de abril del año pasado 2025 fui secuestrado por el Estado y después los sicarios de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, indicó Humala Tasso.
En ese sentido, añadió: “Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil, pero no bastaba eso, necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología policía, que han hecho el asilar a mi esposa y he tenido que sacar a mis hijos del país”.
El argumento del Tribunal Constitucional a favor de Humala Tasso se basa en que los hechos imputados contra el exmandatario sobre la recepción de activos para sus campañas no encajaban en el delito de lavado de activos de aquellos años.
Por último, y frente a sus simpatizantes, Humala Tasso denunció nuevamente el haber sufrido persecución política y judicial. “Tiene que haber justicia para esta situación”, remarcó. Luego abordó el vehículo que llegó hasta el penal de Barbadillo.
La incorporación de la modalidad de “receptación patrimonial” al ordenamiento jurídico peruano recién se produjo con el Decreto Legislativo 1249, en vigencia desde noviembre de 2016, según indicó el ente. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional también apuntó contra la falta de precisión de los jueces penales y de la Fiscalía al momento de determinar el origen ilícito del dinero, el cual estaría presuntamente manchado por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS o por Venezuela.
La ausencia de claridad en la acreditación del origen de los fondos y el momento en que se tipificó la figura legal fueron los ejes de la decisión del máximo intérprete constitucional. Así, el Tribunal consideró que no se cumplían los presupuestos para sostener la acusación por lavado de activos contra el expresidente.
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