El borrador del proyecto de delegación de facultades que el Ejecutivo presentará al Congreso plantea una “gran reforma del servicio civil”, tal como lo anunció Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación tras asumir la presidencia de la República. La iniciativa, analizada por RPP, busca reducir la planilla estatal mediante incentivos económicos para que los servidores públicos acepten una salida voluntaria del Estado, aunque aclara que esto no implica despidos de quienes tienen contratos indefinidos.
“Establecer incentivos económicos de carácter voluntario, equivalente en su cálculo a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, dirigido a los servidores que opten libremente por su salida, según la propuesta que se realice”, se lee en el documento. El objetivo, según la exposición de motivos, es ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales del Estado, reorganizar los recursos humanos y sincerar las plazas que realmente se requieren en las entidades públicas.
Actualmente, en el Estado conviven trabajadores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y la Ley del Servicio Civil. La propuesta también busca uniformizar estos regímenes como parte de la reorganización de la planilla.
¿Cómo funcionaría el incentivo por renuncia de trabajadores del Estado? La propuesta ofrece un incentivo económico a los servidores que decidan libremente dejar su plaza. Para calcular ese monto, el Ejecutivo tomaría como referencia la indemnización por despido prevista en el régimen laboral privado. Según explicó a RPP el abogado laboralista Willman Meléndez, en el régimen privado la indemnización para trabajadores con contrato a plazo indeterminado equivale, de manera general, a una remuneración y media por año de servicios, con un tope de 12 sueldos.
El proyecto aún mantiene un carácter general y será el eventual decreto legislativo el que defina su verdadero alcance, sostuvo Meléndez. “Es un proyecto genérico. No sabemos concretamente hacia dónde apunta, pero sí se deja apreciar que se va a recurrir a extinciones seguramente bastante numerosas porque se planea evitar duplicidad de funciones”, señaló. En esa línea, la exposición de motivos no precisa qué regímenes laborales podrían acceder al incentivo, aunque menciona expresamente la coexistencia de los regímenes 276, 728, CAS y Servicio Civil como uno de los problemas que busca resolver.
Para el abogado, la medida tendría mayor sentido para trabajadores con contrato indeterminado o nombrados, ya que en los contratos temporales el Estado podría simplemente dejar vencer el plazo pactado. El especialista enfatizó que ello no significa que el Estado esté creando un despido con indemnización, sino que utilizaría ese mecanismo únicamente como base de cálculo para negociar una salida.
Meléndez recordó que durante la década de 1990 hubo procesos de extinción masiva de relaciones laborales en el sector público que terminaron siendo cuestionados judicialmente porque, en algunos casos, los trabajadores no habrían tenido tiempo suficiente para evaluar la propuesta o recibir asesoría antes de aceptar el cese laboral. Por eso, aunque el borrador enfatiza que este instrumento será voluntario, el profesor en Derecho Laboral considera que ese será el aspecto que deberá cuidarse cuando la propuesta se convierta en una norma, la cual deberá garantizar que la decisión del trabajador sea completamente libre y sin presiones.
“Acá lo importante es eso, el carácter voluntario. ¿Hasta dónde será una negociación efectivamente voluntaria? O, más bien, si es que lo que se llevará a cabo serán despidos disfrazados de negociación voluntaria”, advirtió.
Según el sustento del proyecto, la reforma busca mejorar la eficiencia del Estado y la sostenibilidad fiscal del gasto en personal, mediante el ordenamiento de la planilla pública y la reorganización de los recursos humanos.
El especialista Meléndez consideró que el camino más razonable es completar la implementación de la Ley del Servicio Civil (Ley 30057), que ya fue concebida como el régimen general del empleo público, en lugar de diseñar uno nuevo desde cero. “Ya existe una ley del Servicio Civil que nació con ese objetivo. Lo lógico sería que se utilice ese camino, antes que crear un nuevo régimen. Mejor utilizar algo que ya se está intentando implementar en los últimos años y que ya tiene en sus reglas la lógica de la meritocracia y del equilibrio presupuestal, ya ha sido concebido para respetar esos principios”, apuntó.
La reforma plantea, según el documento oficial, ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales que hoy conviven en el Estado, donde trabajadores que cumplen funciones similares pueden estar sujetos a reglas distintas en remuneraciones, beneficios y protección laboral. En la planilla pública conviven actualmente servidores bajo los decretos legislativos 276, 728, 1057 (CAS) y la Ley 30057, una diversidad que, según el Ejecutivo, ha generado una planilla heterogénea y con condiciones desiguales incluso dentro de una misma entidad.
La norma aún no precisa hacia qué régimen se buscaría converger, pero Meléndez recordó que la Ley del Servicio Civil nació con ese propósito y que su implementación, aunque inconclusa, sigue vigente junto a los demás regímenes. El especialista subrayó que esa ley ya incorpora en sus reglas la meritocracia y el equilibrio presupuestal, principios que la reforma debería respetar.
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