La Fiscalía Suprema de Familia dio inicio este viernes a las diligencias preliminares contra el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, quien permanece detenido en la comisaría de San Miguel desde ayer, tras ser arrestado por una presunta agresión contra su expareja. El Ministerio Público recabará el testimonio de los policías que participaron en la detención y de los testigos del hecho, además de realizar una revisión del lugar donde se habría producido la agresión.

Como parte de las diligencias, también se entrevistará tanto a la presunta víctima como al propio diputado, hoy detenido en la comisaría de San Miguel, con el fin de conocer sus versiones de los hechos. Recién cuando culminen estas acciones se decidirá si el parlamentario afronta el proceso en libertad o si continúa detenido.

El partido político Juntos por el Perú, mediante un comunicado, señaló que ha tomado conocimiento de la intervención del diputado Pérez Mallqui, "hecho que viene siendo materia de investigación por las autoridades competentes". La agrupación remarcó además: "Reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso. Y, en el ámbito de nuestras competencias, evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan, conforme a los resultados de investigación y a nuestras normas internas".

Las diligencias preliminares determinarán si el diputado de Juntos por el Perú afronta el proceso en libertad o no, mientras tanto, continúa detenido en la comisaría de San Miguel.

La Fiscalía Suprema Especializada en Violencia contra la Mujer e Integridad Sexual ha iniciado diligencias preliminares contra el diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión a su expareja. La medida fue dispuesta tras evaluar los elementos de convicción presentados en la denuncia, que incluyen un informe médico legal que acreditaría lesiones compatibles con el relato de la víctima. El parlamentario, quien ha negado los hechos a través de sus redes sociales, podría ser citado a declarar en los próximos días. La expareja del congresista, identificada como María Fernanda Quispe, solicitó medidas de protección tras denunciar el incidente ocurrido el pasado 15 de julio en un departamento de Miraflores. El fiscal supremo a cargo, Carlos Rivera, dispuso además que se recaben las cámaras de seguridad del edificio y los registros de llamadas entre ambos. La investigación preliminar tendrá una duración de 60 días, plazo en el que se determinará si existen méritos para formalizar la denuncia penal. Desde el Congreso, la Comisión de Ética también ha abierto un proceso paralelo para evaluar la conducta del legislador, quien podría enfrentar una suspensión temporal si se confirman las acusaciones.

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