El Consejo Privado de Competitividad (CPC) compartió con Gestión un estudio que da cuenta del lento avance de las adjudicaciones de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el Perú. Aunque ProInversión ya había recortado su meta anual de 33 a 19 proyectos, al cierre del primer semestre apenas se concretaron dos operaciones.

Esas dos obras con luz verde pertenecen al Grupo 1 del Plan de Transmisión 2025-2034 y a la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja). En conjunto, representan US$ 656 millones, cifra que equivale al 16% de la meta de adjudicación para el 2026, la cual fue reducida de US$ 8,430 millones a US$ 4,152 millones.

De los 17 proyectos que restan en cartera, 14 están programados —según el calendario oficial de ProInversión— para el cuarto trimestre del año. Sin embargo, el CPC advierte que, con los números actuales, existe un riesgo elevado de que varios de ellos terminen postergándose hasta el 2027.

Para lo que resta del segundo semestre, la cartera aún incluye las Obras de Cabecera para el abastecimiento de agua potable en Lima, el Grupo 2 del Plan de Transmisión 2025-2034 y diversos corredores viales. La incertidumbre persiste: este diario consultó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada sobre sus proyecciones para los próximos meses, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Según el análisis del CPC, los sectores con mayores pendientes en las adjudicaciones de Asociaciones Público-Privadas (APP) son transporte y agua y saneamiento. El primero concentra el 38% del monto total en cola, con 8 proyectos valorados en US$ 1,335 millones; el segundo, con 2 proyectos, abarca el 23% del dinero pendiente (US$ 796 millones). Juntos representan el 61% de la inversión proyectada para el segundo semestre. El economista Tomás Reto, del CPC, señala que, pese a la Ley 32441 —a la que califica como “un buen marco conceptual”—, ProInversión no ha logrado reducir significativamente los plazos. Esto evidencia que la norma por sí sola resulta insuficiente si no se potencia la institución con liderazgo y equipos oportunos. Reto insiste en que hay un mensaje para el periodo presidencial que liderará Keiko Fujimori: “El nuevo Gobierno tiene un mecanismo que funciona, que es útil para cerrar brechas y proveer servicios a la gente”, remarca. No obstante, el especialista advierte que la meta de adjudicar 19 proyectos es un “objetivo demasiado ambicioso”. “ProInversión en ningún año ha logrado adjudicar más de 5 o 7 proyectos de APP. En el mejor de los años de su historia institucional logró 10, pasar a 19 es ambicioso [...]. Es difícil hacer eso a pesar de tener el marco legal correcto”, acota. Los proyectos APP en lo que va del 2026.

El vocero también advierte sobre el impacto de esta demora: “Es infraestructura crítica para el país que no se empieza a construir siquiera. Ojo que estos son los plazos para adjudicar una APP. Entre que se adjudica un proyecto y el proyecto empieza a operar, falta la firma del contrato, falta conseguir el financiamiento, falta hacer los expedientes, falta construir la obra y falta que se empiece la obra y que se empiece a dar el servicio”. La mayoría de los proyectos de transporte paralizados, precisa, están vinculados a operación y mantenimiento: se trata de montos menores, como US$ 80 o US$ 90 millones, que no demandan construcción nueva sino optimizar vías existentes y mal gestionadas.

En el otro sector protagonista, Reto observa un giro estratégico: ahora se busca cerrar la brecha con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) bajo el modelo APP, una figura poco habitual hasta ahora. La “lista de espera” la completan los rubros de electricidad, turismo, salud e inmuebles.

La lupa sobre los sectores.

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