Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la Contraloría General de la República encontró varias irregularidades en viviendas de interés social (VIS) en Lima. Las inspecciones, realizadas en 20 distritos de la capital, determinaron que 6 de cada 10 viviendas de este tipo no aprobaron revisiones técnicas, pese a contar con licencias legales aprobadas.
Durante los operativos, los auditores detectaron construcciones que excedían el límite municipal permitido de pisos e incluso edificaciones levantadas en zonas donde los proyectos de VIS están prohibidos. Un caso emblemático ocurrió en San Isidro, donde se halló un edificio de 28 pisos cuando solo se permiten 10. En otros distritos, se añadieron hasta 14 pisos adicionales aprovechando vacíos normativos.
“Hay que considerar que para que una vivienda sea de interés social, no solamente tiene que ser una vivienda que cumpla los requisitos técnicos, sino también los requisitos macroeconómicos, que es beneficiar a familias tipo de categoría C, tipo D y que esté ubicado en ciertos lugares de Lima Metropolitana”, precisó Luis Castillo, gerente de control político e institucional de la Contraloría, al explicar el alcance de las fallas detectadas.
José Alberto Danós, gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de San Isidro, señaló que vienen estudiando “aproximadamente unos 10 procesos (por nulidad) que están reconocidos por el área de Gerencia de Desarrollo Urbano Económico”. En ese sentido, sostuvo que “las empresas constructoras están trasladando a una nueva empresa el tema de la ejecución de la obra para tratar de impedir de que la medida cautelar no les atañe a ellos”.
En tanto, en el distrito hay 28 solicitudes de proyectos de viviendas de interés social en evaluación o construcción, las cuales podrían continuar mientras se resuelven los procesos judiciales. La Contraloría detectó que, pese a ser presentadas como viviendas de interés social, muchas superan el precio máximo establecido: se venden departamentos a 391 mil soles cuando el límite es 160 mil soles.
También se halló escasez de estacionamientos en los proyectos. En un caso solo se aprobó la mitad del mínimo requerido y no se consideraron espacios para visitas. Además, algunas inmobiliarias cambian la razón social del proyecto para evadir medidas cautelares y, mientras tanto, siguen vendiendo estas viviendas.
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