El pedido de facultades legislativas que la presidenta Keiko Fujimori hará llegar al Congreso para reformar las normas contra el crimen organizado y el lavado de activos llega sin un detalle mínimo de su contenido. En el primer documento al que La República tuvo acceso no figuran, hasta ahora, los artículos que se modificarán ni los criterios técnicos que justifican la iniciativa, pese a que el Ejecutivo solicitará facultades para tocar el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas vinculadas a la criminalidad organizada.
Tres especialistas consultados por La República analizaron el alcance de la propuesta y coincidieron en que el anuncio carece de precisión: el abogado penalista Ciro Cancho, el también penalista Aarón Alemán y el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Ninguno de ellos cuestiona la facultad constitucional del Ejecutivo para pedir esta delegación; el reparo apunta al contenido y al método detrás del pedido.
Las críticas se concentran en tres ejes. Primero, la falta de especificidad sobre qué normas cambiarán exactamente. Segundo, la ausencia de sustento técnico y empírico detrás de la reforma. Tercero, el riesgo de que la delegación incluya, además de la reforma penal, cambios al sistema penitenciario sin un diagnóstico claro de sus verdaderos problemas.
Cancho fue el más duro al calificar la iniciativa. Explicó que la presidenta habla "de forma bastante general" sin especificar qué artículos del Código Penal o del Código Procesal Penal se modificarán, y ese vacío convierte al anuncio en "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad" para emprender una reforma de esta magnitud.
El abogado penalista Aarón Alemán ofreció una lectura distinta, centrada en el alcance jurídico de la delegación de facultades. Precisó que el pedido no es inconstitucional por sí mismo: la Constitución habilita al Congreso a transferir atribuciones sobre materias específicas y por un plazo acotado. El inconveniente, remarcó, reside en la amplitud de lo anunciado, pues las normas comprometidas "constituyen el núcleo del sistema de justicia penal peruano". El paquete no se limitaría al Código Penal o al Código Procesal Penal: alcanzaría también al régimen de crimen organizado, lavado de activos, delitos tributarios, aduaneros e informáticos, ejecución penal y responsabilidad penal adolescente. Esa extensión, advirtió, demanda "un control especialmente riguroso" sobre el contenido de las futuras modificaciones.
Antes, el penalista Cancho había insistido en que toda alteración de la norma penal debe apoyarse en criterios técnicos y no políticos. En esa línea, reclamó que las reformas de este tipo requieran la opinión de "un abogado penalista, aquel que esté relacionado fundamentalmente con el área de política criminal". También cuestionó que se desconozca la identidad de los asesores que definen la orientación de los cambios anunciados por el Ejecutivo.
Cancho fue más allá y planteó una duda de fondo sobre las motivaciones del pedido. La falta de claridad, dijo, "daría la impresión" de que el partido de gobierno buscaría aprovechar las facultades para "emitir normas que favorezcan a los intereses finalmente de ellos, con nombre propio", en vez de atender una necesidad de toda la sociedad peruana.
El especialista cerró con una advertencia sobre la recurrencia de las reformas penales en el país. Recordó que ya se aprobaron cambios recientes en crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. A su juicio, el Código Penal "no puede estar modificándose a cada rato" y cada ajuste debe responder a los datos que aporte la criminología, no a decisiones políticas aisladas.
El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe advirtió que la eventual participación de las Fuerzas Armadas en la administración de penales choca con la naturaleza de la función castrense. Comparó la medida con pedirle a un piloto de la Fuerza Aérea que dirija un submarino: **"un militar no entiende y no tiene por qué entender las funciones de un director de penal"**. Sostuvo que un director militar enfrentaría denuncias penales por desconocer trámites básicos, como la excarcelación de un interno dentro de las 24 horas que exige la ley. El paquete de facultades que impulsa el Ejecutivo no se limita al plano penal: también contempla cambios al sistema penitenciario, entre ellos la entrada de empresas privadas a la gestión carcelaria. Pérez Guadalupe calificó la propuesta militar como parte de "una tendencia continental" de militarización de la seguridad ciudadana en la región. Antes, el penalista había subrayado que una reforma de este tamaño solo será legítima si responde a evidencia empírica sobre las causas reales de la impunidad y la criminalidad organizada. Advirtió que endurecer penas o ampliar facultades de investigación **"no garantiza, por sí solo, una reducción de la delincuencia"**. La eficacia del sistema depende también del fortalecimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, agregó. Alemán pidió, además, que cualquier cambio mantenga coherencia con los estándares internacionales que el Perú asumió en lucha contra el crimen organizado transnacional, lavado de activos, corrupción y derechos humanos. Concluyó que la delegación de facultades representa una oportunidad para corregir deficiencias del sistema penal, pero también un riesgo real de aprobar cambios de alto impacto sin el debate técnico necesario.
José Luis Pérez, exministro del Interior: "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión"
Pérez Guadalupe también se refirió a la privatización del sistema penitenciario, un punto que cuestionó de raíz. A diferencia de servicios como electricidad o agua, no existe un modelo claro de rentabilidad para que un privado administre penales con más de 400% de hacinamiento, como Lurigancho o Castro Castro, mientras el Estado paga apenas ocho dólares diarios por interno. Además, aclaró que la construcción de penales ya está en manos privadas mediante licitaciones, por lo que ese aspecto no representaría una novedad real dentro del proyecto.
En cuanto al diagnóstico del problema, el exministro fue enfático: "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión". Para respaldarlo, citó una cifra concreta: entre 2011 y 2016 se inauguraron diez penales nuevos en el país, mientras que después de 2016 no se inauguró ninguno. En esa línea, consideró que la solución no pasa por reemplazar al personal actual, sino por gestionar mejor los recursos ya existentes.
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