La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez, obtuvo una resolución judicial que ordena la inmovilización de US$142.756 y S/12.378 en activos virtuales depositados en las plataformas Binance y Bybit. La medida busca impedir que esos fondos sean transferidos, convertidos o retirados mientras dura la investigación por presunto lavado de activos vinculado a fraudes financieros internacionales.
De acuerdo con el Ministerio Público, el dinero incautado estaría relacionado con operaciones realizadas mediante criptoactivos —incluyendo billeteras digitales y stablecoins—, lo que habría dificultado el rastreo de su presunto origen ilícito. Las pesquisas apuntan a que mafias internacionales intentaron blanquear miles de dólares en el país usando estos mecanismos digitales. La decisión judicial, obtenida por el Sexto Despacho de la fiscalía especializada, busca evitar cualquier movimiento de los activos mientras avanza el proceso.
La investigación es liderada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, que ya había alertado sobre el uso de “empresas fantasma” para obtener créditos fiscales indebidos. En este caso, la incautación de los fondos en Binance y Bybit representa un golpe al blindaje digital que buscaban las organizaciones criminales para ocultar el dinero ilícito.
Las pesquisas señalan que el dinero incautado habría sido movilizado mediante billeteras digitales, stablecoins —criptomonedas cuyo valor está vinculado a activos estables— y operaciones P2P, un sistema que permite transacciones directas entre usuarios sin intermediación bancaria. Según la Fiscalía, este tipo de operaciones habría sido utilizado para dificultar la identificación y el seguimiento del origen de los fondos. De acuerdo con las diligencias, los montos retenidos estarían relacionados con la recepción, conversión y transferencia de criptoactivos provenientes de presuntos fraudes financieros internacionales. La medida comprende tanto los fondos en dólares como los montos en moneda nacional identificados durante la investigación. Por ello, la resolución judicial dispone retener los activos para impedir su transferencia, conversión, intercambio o retiro. El Ministerio Público indicó que esta incautación representa un avance en las investigaciones sobre nuevas modalidades de presunto lavado de activos mediante criptomonedas y en las acciones orientadas a fortalecer la trazabilidad financiera y la recuperación de bienes de posible origen ilícito.
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