El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, ultima una solicitud de facultades legislativas que será remitida al nuevo Congreso bicameral en los próximos días. La medida busca que el Parlamento autorice al Gobierno a legislar temporalmente sobre materias específicas, un mecanismo excepcional que, según el Reglamento del Congreso, exige precisar los temas a tratar y el plazo de la delegación.
El trámite arranca en el Ejecutivo: la propuesta debe ser aprobada primero por el Consejo de Ministros. Una vez superado ese filtro, se presenta como proyecto de ley en la mesa de partes del Congreso. Allí, al ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, tendrá un doble filtro parlamentario. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó a RPP que el primer paso será la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se evaluará si se aprueba total o parcialmente. En esa instancia, el ministro de Justicia y los demás titulares de las carteras involucradas deberán exponer las razones del pedido y el alcance de la legislación que pretenden.
Si la comisión da luz verde, el proyecto pasa al Pleno de la Cámara de Diputados. De obtener el respaldo de esta primera cámara, la iniciativa es enviada al Senado para su debate y votación. "Si se aprueba allí, posteriormente irá al Pleno de la Cámara de Diputados y, recién allí, si se aprueba en la Cámara de Senadores, iría al Poder Ejecutivo para que este pueda suscribirlo y ejercer las funciones", detalló Rospigliosi. Recién entonces, el Gobierno podrá promulgar la norma y hacer uso de las facultades delegadas. La ruta legislativa plantea interrogantes sobre los votos necesarios y los posibles plazos que podrían demorar su aprobación.
El Reglamento de la Cámara de Diputados contempla que, en un trámite ordinario, una comisión dispone de hasta 60 días hábiles para elaborar un dictamen, luego lo publica durante 7 días calendario y no fija un plazo concreto para su debate en el Pleno. No obstante, cuando se trata de un mecanismo con carácter de urgencia —que el Gobierno debe sustentar en su pedido de facultades—, los plazos se reducen drásticamente: 15 días hábiles para el dictamen y un solo día para su publicación, además de que el tema ingresa con prioridad como primer punto en la agenda del Pleno.
“No hay un plazo en el reglamento para la aprobación del pedido de facultades, pero es un tema que tiene prioridad respecto a otros proyectos de ley. El primer tema en la agenda de las comisiones definitivamente será este antes que otros”, recalcó Rospigliosi. Este carácter urgente también aplica en el Senado, donde los plazos se acortan según su propio reglamento, siempre que la urgencia se mantenga desde que la propuesta llega derivada de la Cámara de Diputados.
El siguiente punto por definir es cuántos votos se requieren para aprobar el pedido y qué materias quedan excluidas de la delegación de facultades. La norma establece que la delegación no puede abarcar materias constitucionales ni aquellas reservadas a ley orgánica, como reformas del sistema electoral o modificaciones al Código Penal. En el Congreso bicameral, la votación necesaria será la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, es decir, la mitad más uno de los votos de los diputados y senadores presentes.
El contenido exacto del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo enviará al nuevo Congreso bicameral aún no está definido. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló a RPP que lo difundido hasta ahora corresponde solo a un primer borrador y que el Gobierno continúa evaluando las medidas que incluirá en la solicitud. “Es un documento borrador, es un documento de trabajo, como se estila siempre. Uno, en materia de gestión pública, genera primero el contexto, hace un diagnóstico, luego plantea todo lo que se podría hacer, y de ahí empieza el proceso de discusión”, explicó el titular del sector.
De acuerdo con los reglamentos del Congreso bicameral, la aprobación del pedido requerirá la mayoría de los parlamentarios presentes al momento de la votación. Así, si asisten los 130 diputados, el Gobierno necesitará 66 votos; y si están presentes los 60 senadores, requerirá 31 sufragios. La iniciativa no podrá incluir materias como una reforma constitucional o la aprobación de tratados internacionales. Además, si incorpora propuestas en materia presupuestal, financiera o tributaria, deberá estar acompañado de los informes del Ministerio de Economía y Finanzas y del sector correspondiente.
El trámite podría demorar hasta septiembre, según advirtió el parlamentario Rospigliosi. Esto se debe a que las comisiones del nuevo Congreso bicameral, incluida la de Constitución, recién se instalarán durante el mes de agosto. Dependiendo de las materias que comprenda el pedido, la iniciativa también podría derivarse a otras comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis. “Esto está recién empezando porque en el mes de agosto recién se va a instalar la Comisión de Constitución y las demás comisiones. Estos grupos recién se van a instalar. Así que creo que, en el mejor de los casos, y habiendo dos cámaras en el Congreso, esta delegación de facultades tendría que presentarse en agosto y será aprobada, en el mejor de los tiempos, en septiembre”, indicó.
El ministro también salió al frente de versiones que circularon en torno al pedido de facultades legislativas. “Se están diciendo inexactitudes, como el tema de que se van a eliminar los feriados”, sostuvo. En ese sentido, fue enfático al recordar lo dicho por la presidenta: “La presidenta ha sido concreta: no se van a aumentar ni se van a disminuir los feriados, porque primero tenemos que hacer una evaluación de impacto y conversar con las personas involucradas”, señaló.
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