Durante su mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori presentó propuestas que, según la agencia calificadora Moody’s, están alineadas con las prioridades de su campaña electoral, como la lucha contra la inseguridad y la preparación ante un posible fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. La administración también puso sobre la mesa la disciplina fiscal como objetivo, un punto que la calificadora aprecia porque “apoya uno de los temas que ha sido importante para el perfil crediticio del soberano: el manejo fiscal prudente a lo largo del tiempo”.
Sin embargo, Moody’s advierte que, si bien se anunciaron propuestas que pueden repercutir sobre el gasto del Gobierno, lo clave será observar cómo se desarrollan en adelante. “Dado el espacio fiscal, que dan las reglas fiscales en la actualidad, no hay mucho espacio para poder implementar todas las medidas a la vez”, señaló la agencia. En ese sentido, mejorar la calidad del gasto resulta fundamental cuando se deben enfrentar urgencias como El Niño y otras acciones que tomarán más tiempo.
Otro tema que Moody’s ha contemplado en su análisis como una debilidad institucional es la capacidad del Estado para ejecutar sus políticas, no solo a nivel del Gobierno central, sino en coordinación con los gobiernos locales. Un fortalecimiento en ese aspecto sería importante desde la perspectiva institucional y en cómo se valora dentro del perfil crediticio del país.
Consultada sobre cómo tomaría Moody’s un eventual cambio en las reglas fiscales, la calificadora recordó que, en el contexto regional y sobre todo a partir de la pandemia, muchos países han modificado sus reglas fiscales. En el caso de Perú, más allá de ciertos momentos de flexibilización, estas se han cumplido a grandes rasgos, aunque con excepciones en los últimos años. No obstante, la agencia aclaró: “Lo principal para nosotros no es tanto cuáles son las reglas en sí, sino cuál es el resultado con el cumplimiento de estas reglas”. En el caso peruano, el marco fiscal ha logrado que las métricas de deuda del Gobierno sean “mucho más sanas que la mayoría de sus pares de calificación Baa”.
Desde la perspectiva de la calificadora, son “agnósticos sobre qué regla fiscal tienen los países”, pero se enfocan en el resultado de los marcos fiscales y el cumplimiento que se les da. En ese sentido, la pregunta que marcará el debate en adelante —no solo para el Gobierno, sino para los técnicos, incluido el Consejo Fiscal— es cuál debe ser el gran objetivo de las reglas fiscales.
Si se cumplen las metas de déficit hacia adelante, lo que probablemente ocurra es que la carga de la deuda, entendiendo que las previsiones de crecimiento hacia los próximos años deberían ser algo mejor a lo que hemos observado en la última década, estaría cayendo. Eso es positivo porque le da espacio al país para responder a choques.
Sin embargo, surgen preguntas abiertas: ¿el objetivo de las reglas fiscales debe ser mantener una carga de deuda en niveles favorables, pero que le dé espacio al Gobierno para invertir en infraestructura u otras necesidades que tiene la población? O, ¿se deben mantener déficits relativamente bajos que conlleven una carga de deuda estable o en caída que también dé espacio para ir alimentando nuevamente los fondos de estabilización y de ahorro que tiene el Estado?
En el caso de Perú, algo que la calificadora ha tratado de resaltar en el último tiempo es que, si no hay mayores reformas económicas que atiendan estos desafíos estructurales que han afectado el crecimiento, eso limita las posibles mejoras de la perspectiva crediticia. Por ejemplo, el tema de la política laboral es importante porque puede beneficiar el potencial económico y la potencialidad del recaudo del Gobierno.
El Gobierno ya prepara el pedido de facultades legislativas que contemplará medidas tributarias y laborales. Para aumentar los ingresos de un gobierno, las autoridades pueden buscar que una economía crezca más rápido y, como medida estructural, que sea más productiva, ampliando la base tributaria. O, puede simplemente aumentar las tasas. Pero, en el caso del Perú, con el nivel de informalidad y evasión que existe, hay más espacio para ampliar la base que cambiar tasas.
Otro tema de las facultades es el fast track regulatorio. Si uno observa las diferentes métricas de organismos internacionales que miden aspectos del ambiente de negocios en los diferentes países, este tema, la famosa tramitología, es relevante y hasta cierto punto, en términos comparativos, puede ser una limitante a la inversión.
La inseguridad ciudadana, según la calificadora, es un factor que se considera dentro de los riesgos sociales que enfrentan los distintos emisores. En el caso peruano, este es un tema relevante porque alimenta la conflictividad social y el riesgo político, ambos componentes del análisis del perfil crediticio soberano. Como se ha visto en otros países, la inseguridad puede distorsionar las dinámicas de crecimiento económico y, cuando se desborda, limita la capacidad del Estado y tiene una influencia significativa sobre las proyecciones fiscales.
En paralelo, desde Moody’s se subraya la importancia de revisar las normas y la tramitología existente en el país. Esto, en un contexto donde se busca brindar mayor predictibilidad a los inversionistas cuando planifican sus inversiones de largo plazo. “Creo que sí es importante que se analice bien cuáles pueden ser las repercusiones de cambios en regulaciones”, señaló el analista. Antes del cambio de Gobierno, el Congreso, por su cuenta, ya había realizado ciertos ajustes a las normativas, por lo que habrá que evaluar qué implican esos cambios para los contratos y los posibles incentivos o desincentivos para la inversión hacia adelante.
En cuanto a las proyecciones de crecimiento, la presidenta ha subrayado que el país podría crecer entre 5% y 6% el próximo año. Sin embargo, desde Moody’s la previsión para 2026 se mantiene cercana al 3%. No obstante, con los números observados en la primera mitad del año, es posible que haya una revisión al alza, hacia una tasa más cercana al 3.5%. Para el año próximo, la previsión inicial también apuntaba a un crecimiento similar, alrededor del 3.5%.
Alcanzar tasas superiores al 4%, como en ciclos pasados, dependerá del desempeño de la inversión. Esos periodos de expansión se dieron cuando existían vientos de cola, principalmente por los altos precios de las materias primas, pero el factor clave que sostenía esos resultados era la inversión privada. Por ello, cómo la política del país afecta la confianza de los inversionistas resulta crucial para impulsar aún más la inversión. También se debe considerar el destrabe de grandes proyectos, tanto mineros como de infraestructura, y la revisión del marco regulatorio, que puede influir en las decisiones de inversión a futuro.
Según Moody’s, el próximo año las dinámicas de crecimiento en Perú podrían verse influenciadas por el fenómeno de El Niño. “Hay riesgos”, advierten. En cuanto al proceso de revisión de la calificación, la agencia pasó hace un par de años a un esquema con dos revisiones anuales por cada gobierno soberano. La última revisión de Perú en 2025 se realizó en marzo, por lo que la próxima está prevista para septiembre. “Teniendo en cuenta que nuestra última acción de calificación se dio en el 2024, ya han pasado casi dos años”, señalan. Con el cambio de Gobierno, consideran que “esto va a ser una oportunidad para nosotros para revisar el escenario base de Perú y lo que implica esto para la calificación de Baa1 con perspectiva estable”.
En el contexto electoral y el reciente inicio del nuevo Gobierno, las perspectivas para el país se mantienen en línea con la perspectiva estable. “Creemos que la prudencia fiscal se va a mantener”, indican desde Moody’s. No obstante, recuerdan que en 2021 Perú tenía una calificación de A3, pero el punto débil frente a sus pares en esa categoría era de índole institucional. “El manejo macroeconómico es muy fuerte y está alineado con una calificación A, pero el problema del país han sido las debilidades en el marco institucional e instituciones relacionadas al tema político”, explican. La implementación y desarrollo de políticas, la corrupción, el respeto de la ley, la fortaleza del Poder Judicial y otros aspectos son, según la agencia, “las tareas pendientes para que Perú apunte a más”.
De momento, la calificación del país es Baa1 con perspectiva estable, y Moody’s espera que la próxima revisión de comité, en septiembre, permita evaluar el nuevo escenario base tras el cambio de Gobierno.
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