El fiscal Brayan Melgar emitió una orden de detención contra el expresidente Evo Morales, a quien se investiga por su presunto rol en las protestas que paralizaron Bolivia durante 53 días. Los bloqueos, que se extendieron entre mayo y junio, fueron impulsados por campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones afectaron principalmente a La Paz y El Alto, provocando desabastecimiento de alimentos y medicinas, y dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna. Las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
La Fiscalía de Bolivia imputa a Morales los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. La nueva orden de aprehensión se suma a los cargos que ya enfrenta por su supuesto papel en los bloqueos que dejaron 16 muertos y millonarias pérdidas económicas. La investigación también incluye atentados contra los medios de transporte y asociación delictuosa. Morales rechaza las acusaciones y denuncia persecución política, asegurando que el gobierno busca ocultar la crisis económica y social que atraviesa Bolivia en la actualidad.
El exmandatario de 66 años rechazó los cargos y denunció una persecución política. "Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado", escribió en su cuenta de X. Morales afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo "de las movilizaciones para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social". "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo", agregó.
La orden de detención fue confirmada por el fiscal general Roger Mariaca en rueda de prensa. La investigación se originó a principios de julio por una denuncia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una agrupación de empresarios y líderes civiles, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno. Mariaca señaló que la pesquisa busca establecer las responsabilidades de Morales en las medidas de presión que afectaron al país.
Esta es la segunda medida de aprehensión vigente contra el exgobernante. La primera fue dictada en mayo por un tribunal de Tarija por un caso de presunta trata agravada relacionada con una menor con la que habría tenido una hija mientras ejercía la presidencia en 2016. Desde octubre de 2024, el dirigente cocalero permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político en la zona cocalera del Chapare, donde cuenta con la protección de campesinos que montan guardias para evitar una captura.
La misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el secretario general Albert Ramdin, ya se encuentra en Bolivia para dar seguimiento a la crisis tras los conflictos. La delegación sostuvo reuniones con representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como con organizaciones sociales, sindicatos y sectores productivos. Ramdin recordó que la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución de apoyo al presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien calificó como mandatario democráticamente electo. El canciller panameño Javier Martínez Acha, también integrante de la misión, calificó los encuentros como “abiertos, constructivos y de buena fe”. La agenda de la delegación continuará en Santa Cruz con reuniones con el sector empresarial. La misión elaborará un informe con recomendaciones que será presentado ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington en aproximadamente 10 días. En paralelo, el gobierno de Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos que paralizaron el país. Como parte de esa medida, se desplegaron fuerzas policiales y militares en las carreteras con el objetivo de restablecer la circulación. La detención de Evo Morales, ordenada por la Fiscalía de Bolivia, está vinculada a su presunto liderazgo en estas protestas que llevaron al país a una paralización general.
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