La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras que sacudieron el país entre mayo y junio. La medida fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una fuente cercana al exmandatario.

Además de los cargos mencionados, la orden también atribuye a Morales los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La denuncia fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, y posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales. La “única demanda” de las movilizaciones era la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a estos mismos hechos.

El expresidente Evo Morales niega haber impulsado la renuncia del mandatario Luis Arce y asegura que las movilizaciones de mayo y junio solo buscaban que el Gobierno atienda las demandas de los sectores movilizados. Sin embargo, el 24 de mayo escribió en la red social X que Arce tenía “dos caminos” frente a los conflictos: “militarizar” el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días. Tras lograr acuerdos con gremios como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, lo que derivó en el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para retirar obstáculos y restablecer la circulación. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, resguardado por centenares de seguidores que buscan impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, el exmandatario es acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando era presidente. En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura al no presentarse al inicio del juicio. La Policía ha señalado que espera el momento oportuno para ejecutar esa orden.

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