La controversia entre Promigas y el Estado peruano escaló a un arbitraje internacional ante el Ciadi luego de que Osinergmin fijara una nueva tarifa de gas natural que la empresa considera insuficiente. El proceso tarifario comenzó cuando venció la vigencia de la tarifa inicial establecida por ProInversión en la adjudicación del proyecto, y el regulador debía calcular una nueva para los próximos cuatro años. La prepublicación de la tarifa por parte de Osinergmin ocurrió el 20 de noviembre de 2024; tras recibir comentarios, la publicación final se dio el 27 de diciembre; y la absolución del recurso de reconsideración presentado por Promigas fue el 5 de este mes.

La clave del conflicto está en la composición de la tarifa. Tras analizar el recurso de la empresa, Osinergmin reconoció una tarifa al usuario final de US$ 14.66 por millón de BTU, de los cuales US$ 8.7 corresponden a distribución y transporte virtual (US$ 1.37 para transporte virtual y US$ 7.34 para distribución). Este monto de US$ 8.7 por millón de BTU está por debajo de los US$ 12 por millón de BTU que establecía inicialmente el contrato de concesión. Para la empresa, esa cifra no reconoce las inversiones eficientes realizadas. De hecho, Maal remarcó que Osinergmin y la empresa han tenido “notables diferencias en todos los componentes de la tarifa”.

“Esto realmente es muy negativo para el sector porque no se está reconociendo las inversiones eficientes que realizamos. Por supuesto, desincentiva futuras inversiones, deja muchas inquietudes de la estabilidad regulatoria e incluso uno podría catalogarlo como una expropiación”, precisó el ejecutivo.

Una vez que Osinergmin resuelve el recurso de reposición, la vía administrativa queda agotada. Al no haber más instancias ante el regulador, el siguiente paso es solicitar al Ministerio de Minas y Energía (Minem) la suspensión de las obligaciones del contrato e iniciar acciones legales mediante un arbitraje internacional en el Ciadi contra el Estado peruano. El objetivo es que se reconozcan las inversiones eficientes realizadas por Promigas en la concesión norte. “No nos queda otro camino”, señalan.

La compañía ya había presentado antes la suspensión de obligaciones, pero el Minem indicó que debía esperarse a que culminara el procedimiento administrativo. Ahora que ese proceso ha terminado, corresponde volver a solicitarla. De recibir luz verde, lo que se suspendería son los compromisos derivados de la aprobación tarifaria que, según Promigas, no son viables de ejecutar. “Lo que nosotros queremos es que el ministerio los suspenda”, afirman.

Pese a la controversia, la empresa mantiene su intención de continuar con la masificación del gas. “Esperamos que durante la etapa de trato directo lleguemos a un acuerdo con el Estado que permita corregir esta situación”, sostienen.

El trato directo, como parte del proceso que llevará al Perú ante el Ciadi, debiera iniciar en abril o, a más tardar, a principios de mayo. En esa etapa, Promigas buscará un acuerdo, aunque eso dependerá de la voluntad del Estado peruano y de los compromisos que quiera asumir para continuar con la masificación del gas natural. “No se trata de llegar a un punto medio, sino sencillamente de corregir y de establecer los cargos justos que permitan exista una competitividad en el futuro del gas natural, pero también que se reconozcan las inversiones eficientes y se provean los recursos”, precisó la empresa.

Mientras dure la controversia, Promigas seguirá operando la concesión, atendiendo a sus clientes actuales y preservando los niveles de seguridad y confiabilidad. Sin embargo, lo que no podrá atender son las nuevas inversiones, principalmente las que se exigen hacia el futuro. Si la tarifa se hubiera aprobado de manera correcta, la compañía tenía previsto invertir unos US$ 335 millones en los próximos 7 u 8 años para continuar con la masificación, lo que beneficiaría a unas 340 mil viviendas, es decir, un poco más de 1.2 millones de peruanos.

Miguel Maal, de Quavii, recordó que su empresa —en la concesión de la región norte— ha superado los compromisos pactados con el Estado peruano en el contrato: “Tenemos 295 mil hogares disfrutando de gas natural versus un compromiso que había de 150 mil viviendas”. Pese a ello, Promigas evalúa un arbitraje ante el Ciadi.

Consultado sobre si se retirarían de la concesión, Maal respondió: “No. Estamos enfocados en las acciones propias de la etapa de negociación y, de no prosperar, el inicio del arbitraje”.

La decisión de Promigas se suma a la anunciada por Brookfield, el gestor de fondos de inversión, que también demandará al Perú ante el Ciadi. “Si bien hay voces dentro del Gobierno que promueven la inversión, quieren que aumente y dar estabilidad jurídica, desafortunadamente vemos casos como el de Brookfield o nuestra situación, por la cual ahora nos vemos obligados a adelantar esta acción legal”, remarcó Maal.

El contexto refleja una creciente conflictividad en el sector energético peruano, donde dos grandes actores —Promigas y Brookfield— han optado por recurrir al tribunal arbitral internacional frente a lo que consideran incumplimientos del Estado.

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