El Ejecutivo, liderado por Keiko Fujimori, presentará un proyecto de ley para que el Congreso le delegue facultades legislativas durante 120 días. La iniciativa no solo apunta a medidas en seguridad, sino también a reformas en materia laboral, tributaria y de simplificación de procesos, según el documento al que accedió Gestión.
Este pedido fue el tema central de la primera sesión del Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta, realizada apenas un día después de la juramentación del gabinete. Desde el oficialismo comunicaron que “esta medida será aprobada en la próxima sesión”.
De acuerdo con el proyecto, el gobierno busca autorización para modificar normativas que van desde el régimen laboral y tributario hasta cambios en la legislación ambiental, el impulso de inversiones y la simplificación de trámites para actividades económicas.
Mypes y formalización
En el ámbito de la promoción de emprendedores y micro y pequeñas empresas, el Ejecutivo plantea dictar medidas orientadas a la formalización, productividad, competitividad, digitalización, innovación, asociatividad, acceso a mercados y crecimiento de las mypes.
Como parte de ello, se propone unificar y regular el marco legal laboral con un régimen progresivo para fomentar la formalización. Dicho régimen abarcaría los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones (AFP y ONP), la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, las vacaciones, la jornada laboral, las horas extras, la participación en las utilidades y la protección contra el despido.
Cambios laborales
En el ámbito laboral, el Ejecutivo solicitará facultades para modificar la Ley General de Inspección del Trabajo, ampliando las acciones de la Sunafil hacia un enfoque preventivo que promueva la formalización. También se busca mejorar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, otorgando mayor flexibilidad frente a cambios económicos o técnicos. Entre las medidas dirigidas al empleo juvenil se incluyen formación para el trabajo, acceso a información sobre oportunidades laborales, financiamiento, mecanismos de contratación y beneficios. Además, se plantea modificar el régimen de beneficios laborales —como vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones y CTS— para permitir acuerdos entre trabajadores y empleadores, ya sea de forma individual o mediante negociación colectiva. A esto se suma la regulación de bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin carácter remunerativo, así como el tratamiento indemnizatorio del cese por pérdida de confianza en trabajadores de dirección. Otro punto clave es la reducción de feriados para racionalizar su uso y fomentar la productividad.
En materia tributaria, el proyecto contempla modificar el régimen para fomentar la formalización y competitividad empresarial, incluyendo un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes. También se propone crear instrumentos de capital semilla, garantías y crédito productivo para facilitar el acceso al financiamiento y la capacitación, además de modernizar el régimen societario con la inclusión de la Sociedad Anónima Cerrada Simplificada (SACS).
Simplificación administrativa
Las facultades solicitadas buscan modificar normas sobre procedimientos administrativos para simplificar, digitalizar, fusionar o eliminar trámites vinculados con actividades económicas. También se propone reducir plazos y costos, fortalecer ventanillas únicas, la interoperabilidad entre entidades, el silencio administrativo positivo y la aprobación automática. Además, se plantea ampliar la vigencia y establecer la renovación automática de permisos y certificaciones, revisar el régimen de tasas que cobran las entidades públicas, fortalecer las facultades del Indecopi frente a barreras burocráticas y modificar las normas sobre calidad regulatoria.
Desarrollo productivo
En el ámbito del desarrollo productivo, el gobierno plantea fortalecer el marco normativo para promover productividad, competitividad, innovación, formalización, acceso al financiamiento e infraestructura productiva. Las facultades incluyen cambios para los sectores agrario, forestal, pesquero, acuícola, minero, hidrocarburos, electricidad y turismo, con medidas como simplificar permisos, impulsar inversiones, promover la mecanización agraria, optimizar la gestión de los recursos hídricos y fortalecer el marco del gas. Asimismo, se propone modificar la normativa ambiental para simplificar y reducir los plazos de aprobación de instrumentos ambientales, uniformizar criterios, incorporar mecanismos de presunción de veracidad y silencio administrativo positivo, asegurar la estabilidad de los permisos otorgados y regular las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas.
En el ámbito tributario, el Ejecutivo solicita facultades para modificar y simplificar los regímenes tributarios y las obligaciones formales, así como para establecer incentivos, exoneraciones, deducciones, créditos y otros tratamientos que promuevan la formalización, la inversión, el empleo, el emprendimiento y la innovación. También se busca perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta para incluir la deducción de gastos de capacitación, créditos fiscales por contratación de jóvenes y capacitación, cambios en la deducción de intereses por deudas destinadas a generar rentas gravadas, en el régimen de transparencia fiscal internacional y en el tratamiento tributario de dividendos provenientes del exterior. En materia de comercio exterior, se proponen modificaciones al marco normativo aduanero para simplificar procedimientos, reducir costos y tiempos de las operaciones, y cambiar el régimen de impugnación judicial de las resoluciones del Tribunal Fiscal. La iniciativa también contempla cambios al marco de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y otras modalidades de inversión en infraestructura, la simplificación de procedimientos para proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura y una regulación general sobre el uso de peajes en carreteras y vías urbanas.
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