En su primer mensaje a la Nación como presidenta del Perú, que duró 45 minutos y se desarrolló bajo el rechazo de la oposición, Keiko Fujimori evitó hacer autocrítica sobre su papel en la crisis política reciente. La lideresa de Fuerza Popular tampoco mencionó a las víctimas de la represión durante las protestas de los últimos seis años, pese a que, según expertos, ese reconocimiento es clave para cualquier proceso de reconciliación.
Casi al final de su discurso, Fujimori lanzó un llamado a las fuerzas políticas opositoras: “Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. (…) Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles”. Sin embargo, este pedido de tregua contrasta con su trayectoria como actriz política, pues en administraciones pasadas se presentó como una fuerza obstruccionista.
Minutos antes de ese llamado, las bancadas de oposición levantaron pancartas con los rostros de quienes fueron asesinados durante las protestas de los últimos seis años y luego se retiraron del hemiciclo. La mandataria, no obstante, no hizo ninguna alusión a esas muertes ni a las personas afectadas, a pesar de que ejercían su derecho a la manifestación. En su lugar, sostuvo que uno de los objetivos de su gobierno será fortalecer la democracia.
Para Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la ausencia de autocrítica constituye un paso en falso. “Un proceso de reconciliación requiere que quienes participaron en un conflicto reconozcan, al menos parcialmente, las responsabilidades políticas que les corresponden. Cuando ese reconocimiento está ausente, el llamado a la unidad puede ser percibido como una invitación a cerrar el conflicto sin siquiera procesarlo”, explicó. Aguilar añadió que detrás de esta omisión hay un cálculo estratégico: “Una autocrítica podría haber implicado costos elevados frente a la propia coalición de gobierno, abriendo con ello espacios para una interpelación política y/o jurídica mayor, debilitando el bloque oficialista justo en un momento en el que necesitan garantizar la estabilidad del primer gabinete”.
El especialista también señaló que hacer referencia al Estado de derecho no solo implica respetar la legalidad, sino también reconocer a las personas afectadas por eventuales abusos estatales. En ese sentido, la omisión de Fujimori se repite en el plano de las víctimas de la represión reciente, pese a que el discurso de la mandataria llamó al entendimiento entre fuerzas políticas con posiciones distintas. La presidenta no profundizó sobre el papel que desempeñó como actriz política durante la última década, lo que, según Aguilar, debilita su llamado a la reconciliación.
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“Desde la perspectiva de las políticas de memoria y reparación, el silencio tiene un significado profundamente político y, más aún, violento. No mencionar a las víctimas puede ser interpretado por diversos sectores como una priorización de la estabilidad institucional sobre el reconocimiento del daño sufrido, especialmente cuando las investigaciones sobre las muertes y lesiones derivadas de la represión aún no han concluido. Allí no veo ningún ánimo conciliador”, advierte un analista.
De la austeridad al derroche
El diagnóstico de un Estado en ruinas, que Keiko Fujimori esbozó días antes de asumir el cargo —“Los últimos gobiernos nos están entregando el Estado de manera catastrófica; los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores”— y que repitió en su mensaje a la nación (“Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación”), funciona como un salvavidas ante eventuales fracasos de gestión. Contar con un responsable externo a la acción del fujimorismo acota las responsabilidades de la administración entrante. Sin embargo, bajo un análisis crítico, esa posición entra en contradicción con el desarrollo posterior de su discurso.
Lejos de apelar a la austeridad, la protección financiera del empresariado y la reducción del gasto público —principales activos del fujimorismo durante la campaña y argumentos frecuentes para diferenciarse de las propuestas de Roberto Sánchez—, Fujimori optó por presentar una serie de promesas que hicieron levantar más de una ceja entre los sectores liberales que respaldan a Fuerza Popular. La más llamativa podría ser la promesa de elevar la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.300. Durante la campaña, Fujimori sostenía que aumentar el sueldo mínimo respondía a la búsqueda de un “aplauso fácil”. A ello se suma el anuncio de duplicar el beneficio de Pensión 65: el monto entregado a las personas adultas mayores pasaría de S/350 a S/700 bimestrales.
Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, los anuncios del Gobierno parecen incompatibles con una política de disciplina fiscal: “Si uno suma todos los proyectos que no se han dado, más los gastos corrientes adicionales, esto no se condice con sanear las cuentas públicas. Creo que lo que vamos a ver es el detalle cuando el premier se presente al Congreso y delinee todo lo planteado. Así como cuando el ministro de Economía presente el presupuesto correspondiente”, precisó.
El llamado a incrementar el gasto público de manera tan repentina ofrece una primera pista sobre la línea de acción que seguirá el nuevo gobierno. Como herencia de su padre, Keiko Fujimori apuesta por el corto plazo. El mayor gasto viene acompañado de prácticas asistencialistas que buscan obtener popularidad inmediata y generan espacios que pueden ser captados por piezas cercanas a la cantera de Fuerza Popular.
En su discurso, Fujimori abordó el fenómeno de El Niño como otra prioridad, aunque el tratamiento que le dio reveló más por lo que omitió que por lo que prometió. «El clima no espera los tiempos de la burocracia», reconoció la mandataria, y planteó un cambio de paradigma —pasar de la reacción tardía a la prevención—, pero el anuncio se mantuvo en el terreno de las generalidades: descolmatación de ríos, defensas ribereñas, maquinaria pesada y logística de respuesta rápida. La propuesta volvió a apostar por soluciones que suelen anunciarse frente a cada episodio de El Niño costero o El Niño global, pero sin profundizar en la estrategia que permitirá convertir esas promesas en acciones concretas. La ausencia de cifras específicas —cuánto se invertirá, en qué cuencas y bajo qué cronograma— dejó entrever un grado de improvisación en un discurso que, en contraste, sí ofreció montos exactos para otras políticas públicas.
El mecanismo elegido para implementar estas medidas también merece atención: decretos de urgencia y facultades delegadas por el Congreso, agrupando el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana bajo una misma vía excepcional. El Ejecutivo adelantó que pretende aplicar estas medidas sin seguir el trámite legislativo ordinario, lo que podría convertirse en un foco de tensión con el nuevo Congreso bicameral, especialmente si las facultades delegadas no son delimitadas con precisión y terminan utilizándose para asuntos que excedan la atención de la emergencia climática.
Durante buena parte de la campaña, la propuesta fujimorista contó con un recurso político atractivo para buena parte del electorado: la promesa de la “mano dura”. Bajo el lema “Perú con Orden”, Fuerza Popular planteó alcanzar la pacificación social en un país cuya principal preocupación es la inseguridad ciudadana. Sin embargo, en el discurso presidencial, la palabra “orden” solo fue mencionada dos veces. En términos concretos, lo anunciado por Fujimori reproduce el contenido de su plan de gobierno: las Fuerzas Armadas asumirán el control de las operaciones de seguridad en los estados de emergencia, una medida que ya viene aplicándose. También prometió fortalecer a la Policía Nacional, aunque sin hacer referencia a una reforma específica de la institución.
Para Fujimori, la vigencia de leyes como la 32108 —cuestionada por formar parte del paquete de normas denominado “leyes procrimen” y por limitar el allanamiento de inmuebles— no merece observaciones. Bajo el nuevo gobierno, los retrocesos en materia de seguridad aprobados por el Congreso 2021-2026 no tienen, por ahora, anuncio alguno de ser revertidos.
Transportes sin asidero
Las promesas de infraestructura de Keiko Fujimori, sin embargo, chocan con la realidad de la planificación local. La presidenta propone culminar las líneas de metro pendientes en Lima e impulsar sistemas similares en Trujillo, Piura y Arequipa, como parte de su respuesta al diagnóstico de un Estado quebrado. No obstante, estas ciudades ya cuentan con planes de movilidad urbana aprobados por sus municipios, muchos elaborados con apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Promovilidad. Dichos planes contemplan proyectos de transporte público masivo, pero no incluyen líneas de metro.
Jair Rodríguez, politólogo por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y consultor en movilidad urbana, explica que la demanda de viajes en esas urbes no justifica un sistema de esa capacidad y que su construcción y operación implican costos muy elevados. "En gran parte, esto se debe a un grave desconocimiento de los procesos de gestión pública en los gobiernos locales y regionales, así como al hecho de que el anuncio responde a una promesa de campaña contemplada en el plan de gobierno y que el Ejecutivo necesita sostener en su primer mensaje a la nación", señala. Agrega que "el gobierno debería enfocar su atención en lo que realmente ocurre en la gestión pública subnacional para promover proyectos realistas y acordes con los instrumentos de planificación ya aprobados a nivel provincial".
La ironía es que Fujimori busca solucionar un problema originado por otro Fujimori. La expansión de la informalidad en el transporte y la ausencia de sistemas integrados tienen su origen en decisiones adoptadas durante el régimen de los noventa, como el Decreto Legislativo N° 651. Ahora, en su búsqueda por reivindicar esa falta, la presidenta omite que las líneas de metro no figuran en los planes de movilidad urbana de esas ciudades, pese a que el gasto público es un tema central en su capítulo de infraestructura. Históricamente, sus promesas de obras no han llegado a concretarse.
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