El mismo día de su primer mensaje a la Nación, Keiko Fujimori fue rechazada tanto en el hemiciclo del Congreso como en las calles de distintas regiones del país. Congresistas de la oposición abandonaron el pleno minutos antes del discurso presidencial, llevando fotografías de los fallecidos en las protestas sociales. En Arequipa y Juliaca, cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir justicia y desconocer la legitimidad del nuevo gobierno.
En Lima, las bancadas de Juntos por el Perú y Ahora Nación se retiraron del hemiciclo. El vocero Ernesto Zunini justificó la decisión: "No queremos mensajes, queremos actos y respuestas concretas". La diputada Indira Huilca explicó que buscaba "recoger la voz de las víctimas asesinadas por el Estado".
Fuera del Congreso, una movilización frente al Palacio de Justicia fue encabezada por Roberto Sánchez. Allí se reunieron familiares de las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, junto a víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori. La senadora Mirtha Vásquez confirmó en sus redes sociales que, tras retirarse del Congreso, se sumó a esta movilización en rechazo al gobierno.
Familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 también marcharon en Lima, Puno y Arequipa para exigir justicia, mientras los congresistas de oposición abandonaban el hemiciclo antes del primer mensaje presidencial de la mandataria.
El rechazo a Keiko Fujimori se extendió más allá de Lima. En Arequipa, un grupo de aproximadamente 20 personas marchó este 28 de julio por el centro de la ciudad, partiendo de la Plaza de España hasta la Plaza de Armas. Portaron banderas amarillas con la leyenda "No a Keiko" y el rostro de la mandataria, además de exhibir una figura de una rata de casi 3 metros, de color marrón, como símbolo de rechazo al gobierno entrante. Yesenia Neira, vocera del Frente Patriótico de Arequipa, encabezó la movilización y calificó como ilegítimo al nuevo gobierno, anunciando que su colectivo no reconoce a Fujimori como presidenta. "Estaremos vigilantes a los actos dictatoriales que podría cometer Keiko Fujimori, así como a los actos de corrupción", declaró a La República.
En Juliaca, familiares de fallecidos y heridos en las protestas contra Dina Boluarte también salieron a marchar. Los manifestantes coincidieron en un reclamo común: no habrá reconciliación posible sin sanción para los responsables de las muertes durante la represión policial. Durante la marcha en Arequipa, los manifestantes expresaron su respaldo a las movilizaciones realizadas en Lima ese mismo día y pidieron justicia para las personas fallecidas durante las protestas de 2022 y 2023.
En Puno, los familiares de las víctimas de las protestas de 2023 condicionaron cualquier diálogo con el nuevo gobierno a la derogatoria de la ley 32735, que impide que la justicia ordinaria investigue a policías y militares. Los deudos rechazaron el llamado a la reconciliación que hizo Keiko Fujimori durante su mensaje presidencial. Pedro Samillán, hermano del médico Marco Antonio Samillán —fallecido por un impacto de bala el 9 de enero de 2023 cerca del aeropuerto de Juliaca—, cuestionó las contradicciones del gobierno: "No puede haber reconciliación si no hay sanción para los militares y policías que mataron a nuestros seres queridos. No entendemos a esa señora porque por un lado pide diálogo, pero después saca leyes a favor de los militares para que sigan actuando con impunidad".
El Frente Patriótico también cuestionó la desactivación de equipos especiales de fiscales, entre ellos el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Para los manifestantes, esta medida dificulta que las familias que perdieron a un ser querido logren acceder a justicia.
El Frente de Organizaciones Populares Amador Núñez denunció que Fuerza Popular respaldó desde el Parlamento al gobierno de Dina Boluarte durante la represión de las protestas. "Cree que los puneños somos tontos. Tenemos memoria. Vamos a apoyar en todo a los familiares de los asesinados. Este gobierno es cómplice tácito de todo lo que sucedió en el Perú", señaló el colectivo. Por su parte, Segundo Mamani Arias, herido por perdigones durante las manifestaciones, rechazó cualquier diálogo con el Ejecutivo. "Lo único que espero es que los que me dispararon perdigones en mi cabeza terminen presos. A mí me destruyeron la vida. No soy una persona normal y lo mínimo que deseo es que los responsables paguen su mal actuar con cárcel", relató. El herido remarcó que no confía en las palabras de la nueva mandataria.
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