En los primeros cinco meses de 2026, tres alcaldes fueron asesinados en el Perú, un hecho que expertos señalan como un desafío directo para el nuevo gobierno de Keiko Fujimori en materia de inseguridad ciudadana. Las víctimas fueron Edward Amoroto, alcalde de Los Aquijes (Ica), asesinado el 31 de enero; Iroshi Ureta Campos, alcalde de Coviriali (Satipo, Junín), ultimado el 26 de febrero; y Víctor Hugo Febre Calle, alcalde de Veintiséis de Octubre (Piura), quien murió el 21 de mayo mientras se desplazaba en una camioneta. Por los dos primeros casos solo hay algunos detenidos y las investigaciones continúan.
“Que se haga justicia, él ha sido mi hijo que me ha estado sustentando. En verdad yo tengo cáncer. Mi hijo no ha tenido culpa para que lo maten en esa desgracia y me deje. ¡Cómo va a ser posible que maten a mi hijo así, por quedarse en el poder!”, recordó Paz Calle de Febre, madre de la última víctima. La policía detuvo al presunto sicario y a otras seis personas, entre ellas la regidora Patricia Niño, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en la organización del ataque.
Febre Calle venía recibiendo amenazas desde hace un mes, presuntamente vinculadas a la negativa del municipio para otorgar permisos en la ejecución de determinadas obras públicas, según señaló el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, Walter Galecio González. Para el criminólogo José Villaorduña, estos atentados revelan que las organizaciones criminales intentan mostrar su poder: “Los alcaldes toman decisiones sobre fiscalización, zonificación, licitan obras, manejan licencias, etc. Entonces, cuando una organización criminal apunta a un alcalde, está apuntando a esa gobernanza territorial, a la capacidad de gobernar. Entonces, el tema sí es mucho más delicado porque ya tenemos un crimen organizado que no solamente comete delitos, sino que busca gobernar”.
Para el especialista José Villaorduña, la capacidad del Estado para proteger y gobernar territorios se debilita, y eso ha sido aprovechado por el crimen organizado. La tensa relación entre el Congreso y el Ejecutivo en los últimos gobiernos ha facilitado este escenario, según el analista. Ante este nuevo rostro de la criminalidad, Villaorduña recomienda fortalecer los trabajos de inteligencia, la presencia estatal y, sobre todo, "comprender las economías ilegales", porque no se podrá combatir a una organización criminal si no se conoce su lógica económica.
El asesinato de autoridades locales no es un fenómeno nuevo. En los últimos quince años, diez alcaldes fueron asesinados por sicarios, principalmente por disputas de poder e intereses económicos. En 2012, el alcalde de Casma, Áncash, Alejandro Montalbán, fue asesinado y su primer regidor, Rommel Meza, fue condenado como autor intelectual del crimen por buscar asumir el cargo. En 2018, Manuel Vigo Muñoz, alcalde electo de Asunción, Cajamarca, fue asesinado junto a su esposa a un mes de asumir funciones, luego de anunciar que investigaría la gestión que reemplazaría.
Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de Piura, expuso el problema en La Rotativa del Aire. Ante la pregunta de RPP sobre si se siente seguro de salir a la calle tras el asesinato de su colega, respondió: "Por ahora no. Además, hasta ahora no nos han llamado para decirnos: 'alcalde, usted ha sido extorsionado'; 'alcalde, usted necesita seguridad'. Porque atrás de todo esto hay personas que tienen intereses políticos, económicos. Estamos desprotegidos".
Para Carlos Basombrío, exministro del Interior y analista político, el gobierno entrante de Keiko Fujimori debe dejar de lado las propuestas de declaratorias de estados de emergencia para combatir la inseguridad y fortalecer otro tipo de estrategias.
“Lima está en estado emergencia, La Libertad está en estado emergencia, provincias de Piura están en estado emergencia, provincias de Ica están en estado emergencia, y todos sabemos perfectamente que eso ha fracasado. ¿Qué se debería hacer? Hacer lo que no se está haciendo: fortalecer los equipos de investigación e inteligencia, derogar leyes que han perjudicado la lucha contra la criminalidad, la ley que le da atribuciones, juicio al fuero militar policial”, señaló Basombrío. Para Franco Olcese, politólogo y socio del centro Wiñaq, actuar con contundencia en la lucha contra la criminalidad le daría un respaldo a la flamante gestión. “Ella (Keiko Fujimori) necesita gestos políticos y acciones y algún tipo de resultados que se pueda ver en los primeros meses y que la gente la pueda reconocer. Ella, como todo el mundo ha visto, no ha ganado con una amplia diferencia… entonces lo que necesita es empezar con logros”, indicó a RPP. El próximo 4 de octubre se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Pero mientras la violencia siga alcanzando a autoridades y candidatos, el desafío para las nuevas autoridades no será solo gobernar, sino también hacerlo en un contexto en el cual ejercer un cargo público puede costar la vida.
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