Gobiernos regionales carecen de monitoreo satelital para combatir la pesca ilegal en el litoral peruano

A nivel mundial, la pesca ilegal mueve pérdidas de hasta US$23 mil millones al año y pone en riesgo millones de toneladas de recursos marinos. En el Perú, sin embargo, los gobiernos regionales —responsables de fiscalizar parte de la pesca artesanal— no cuentan con acceso en tiempo real a información satelital que les permita detectar y sustentar sanciones contra actividades ilícitas en el litoral. Esta brecha tecnológica limita la vigilancia sobre prácticas como la pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas y el uso de redes de cerco mecanizado en las tres primeras millas. Ambas actividades están restringidas desde hace más de dos décadas, pero su control sigue siendo difícil por la falta de evidencia oportuna. El problema fue expuesto durante el evento 'Fortaleciendo la vigilancia frente a la pesca ilegal en el Perú a través de imágenes satelitales', organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Allí se presentó el informe 'Fiscalización de la pesca ilegal mediante el uso de imágenes satelitales', que señala que el desafío no radica en la ausencia de tecnología, sino en que estas herramientas no están disponibles para todas las entidades con competencias de fiscalización. Especialistas plantean que las regiones accedan a monitoreo satelital para mejorar la fiscalización en el litoral peruano. Pese a que el país dispone de herramientas tecnológicas para seguir la actividad pesquera en el mar, los gobiernos regionales aún no las integran en sus procesos de control, lo que perpetúa la impunidad en las primeras millas marinas. El informe advierte que, pese a que la pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas está prohibida desde hace más de 25 años, no existe ninguna sanción administrativa contra una embarcación por esta práctica. Percy Grandez Barrón, director ejecutivo de Grandez & Cía. Consultores y autor del estudio, señaló que la vigilancia tradicional basada únicamente en operativos presenciales resulta insuficiente debido a la extensión del litoral peruano. Por ello, propone que los gobiernos regionales accedan a plataformas como Global Fishing Watch o Skylight, sistemas que, mediante el análisis de imágenes satelitales y datos de ubicación, permiten identificar patrones de navegación y posibles actividades irregulares. En términos simples, estas herramientas observan movimientos sospechosos y generan información que puede servir como respaldo en una investigación. Actualmente, el Ministerio de la Producción (Produce) utiliza el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) para monitorear las embarcaciones bajo su ámbito de competencia. Sin embargo, los gobiernos regionales no cuentan con un acceso equivalente que les permita verificar en tiempo real el comportamiento de las embarcaciones artesanales. La principal dificultad señalada en el informe es la falta de evidencia técnica suficiente para acreditar dónde y cuándo ocurrió una infracción, lo que complica sancionar actividades ilegales.

Pesca de arrastre: una prohibición vigente por más de 25 años que aún enfrenta problemas de fiscalización

El uso combinado de drones y plataformas satelitales ha demostrado resultados concretos en la protección de áreas marinas. Anthony Llapapasca, jefe de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau —área protegida del Sernanp—, informó que esta tecnología permitió reducir en más del 98% el ingreso de embarcaciones que realizaban actividades no autorizadas dentro de la reserva. No obstante, señaló que persisten limitaciones relacionadas con personal, presupuesto y capacidad operativa, factores que condicionan la respuesta de las autoridades frente a posibles infracciones.

Un caso reciente en Cabo Blanco evidenció el potencial de estas herramientas. Pescadores de la zona presentaron una denuncia administrativa por un presunto caso de pesca de arrastre ilegal dentro de las cinco primeras millas marinas. La evidencia incluyó reportes de la plataforma Skylight y registros captados por drones de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Para Grandez, se trata de un precedente porque representa una de las primeras denuncias sustentadas con herramientas tecnológicas de este tipo.

Desde el Ministerio Público, el fiscal especializado en materia ambiental de Sullana, Néstor Sosa, explicó que una de las principales dificultades en las investigaciones por pesca ilegal es demostrar con precisión dónde ocurrió la actividad denunciada. En ese sentido, consideró que la información satelital puede fortalecer los procesos porque permite contar con pruebas más claras sobre la ubicación y recorrido de las embarcaciones.

Ampliar el acceso a información satelital no reemplaza la fiscalización presencial, pero sí puede convertirse en un recurso estratégico para anticipar intervenciones, mejorar las investigaciones y proteger los recursos de los que dependen miles de pescadores artesanales, coincidieron los especialistas. La necesidad de mejorar la coordinación también fue resaltada por representantes del sector pesquero. Amancio Ormeño, pescador y vigilante comunal de la Reserva Nacional de Paracas, sostuvo que muchas veces cuando llega la autoridad, la actividad ilegal ya terminó debido a la distancia y las limitaciones para intervenir rápidamente. Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Pesca Artesanal de Tumbes, advirtió que la pesca ilegal no solo afecta los recursos marinos, sino que también genera problemas de seguridad para las comunidades costeras.

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