Alrededor del mediodía del martes, Keiko Fujimori jurará como la novena presidenta en una década de un país donde todos los mandatarios electos desde los años 90 han sido destituidos, encarcelados o investigados penalmente. La lideresa de Fuerza Popular finalmente alcanzó la presidencia tras años de problemas judiciales y críticas persistentes por su rol en la crisis política peruana como la figura detrás de los influyentes legisladores de su partido.

Hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, la futura mandataria devuelve al poder a una dinastía familiar profundamente divisiva y alinea a Perú con la creciente ola conservadora en América Latina, en momentos en que Donald Trump busca reafirmar el predominio de EE.UU. en el hemisferio. Entre las autoridades que viajaron a Lima para su investidura figuran los presidentes de centroderecha de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Panamá, junto con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Sin embargo, su investidura podría representar la mejor oportunidad que ha tenido esta nación para poner fin a la crónica rotación presidencial. Fujimori tiene motivos para sentirse más confiada que sus desafortunados predecesores. Su mandato de cinco años coincide con el retorno de un Congreso bicameral, un cambio diseñado para frenar la facilidad con la que el Legislativo ha destituido presidentes. Además, contará con un respaldo legislativo más sólido que el de los gobiernos anteriores, ya que su partido tendrá suficientes escaños en el Senado para bloquear cualquier intento temprano de removerla del cargo.

Su partido, Fuerza Popular, logró el domingo por un estrecho margen el respaldo necesario para liderar la cámara alta junto a un partido aliado de extrema derecha. Sin embargo, la oposición se quedó con el control de la cámara baja, lo que obligará al gobierno a tejer alianzas en un Congreso polarizado y fragmentado para impulsar su agenda. En ese escenario, el centrista Partido del Buen Gobierno se convierte en un actor clave, pues su apoyo daría una mayoría operativa tanto al bloque oficialista como a la oposición de izquierda. Según Luis Ramos, jefe de análisis de renta variable de la corredora LarrainVial, es probable que Buen Gobierno mantenga una postura constructiva. En un informe, el analista agregó: “Consideramos que el resultado constituye una validación temprana del esquema de coalición que sustenta la gobernabilidad de Fujimori y su capacidad para impulsar una agenda legislativa favorable al crecimiento”. Pese al persistente ruido político, la nueva administración contará con un entorno macroeconómico más predecible, lo que probablemente fortalecerá la confianza de los inversionistas y mejorará las perspectivas de crecimiento, según la calificadora Moody’s en su informe más reciente. Fujimori ganó la segunda vuelta de junio por un margen muy estrecho en su cuarto intento por llegar a la presidencia. Durante su campaña prometió reforzar el orden público, endurecer el control fronterizo y deportar a los migrantes que cometan delitos.

Desde su elección, los inversionistas han vuelto a apostar por los activos peruanos y todos los indicadores de confianza empresarial se han disparado, en parte porque Fujimori prometió reducir la burocracia, acelerar los permisos para proyectos mineros y de infraestructura demorados y preservar la disciplina fiscal y la independencia del banco central bajo el experimentado presidente Julio Velarde, al igual que otros líderes de la región. Para encabezar su agenda económica, la mandataria eligió al consultor y exdirector del banco central Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas.

Fujimori, quien se convirtió en primera dama de Perú con apenas 19 años en el gobierno de su padre, ha pasado la mayor parte de su vida en la política y durante años ha sido una de las figuras más influyentes del país. Ahora regresa al Palacio de Gobierno donde creció, 26 años después de que su padre —posteriormente condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos— huyera de Perú y renunciara por fax desde Japón. Su trayectoria política ha sido accidentada: logró superar una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con el financiamiento de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, y pasó varios meses en prisión preventiva antes de que el año pasado un tribunal superior desestimara el caso.

Entre los primeros desafíos del nuevo gobierno estarán el fenómeno climático de El Niño, que amenaza con provocar inundaciones catastróficas en el sector agrícola —la segunda mayor fuente de divisas de Perú después de la minería—, y el riesgo de un resurgimiento de los conflictos sociales en un país que sigue profundamente dividido por el legado del fujimorismo.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil advirtió en un manifiesto que “su promesa de gobernar como su padre plantea el riesgo de un retorno a un régimen autoritario y corrupto que utilizó el aparato del Estado para cometer graves violaciones a los derechos humanos”. “Es una memoria que el país no puede ni debe olvidar”, agregaron. Durante años, Fujimori ha evocado el gobierno de su padre y ha resaltado sus logros económicos y de seguridad, que ayudaron a sacar a Perú del borde del colapso en los 90 y a derrotar a las guerrillas maoístas. No obstante, su legitimidad seguramente será cuestionada por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo.

Leer artículo completo en gestion.pe →